El lunes, Joan Laporta consiguió aumentar los recelos y las sospechas sobre los aspectos más oscuros del caso Negreira, en lugar de conseguir esclarecerlos, más allá de que ningún barcelonista, ni tampoco el aficionado al fútbol en general, considere seriamente la posibilidad de que el FC Barcelona hubiera destinado 7,5 millones a lo largo de 17 años con la finalidad de disfrutar de mejores y más neutrales arbitrajes. Aunque ese extremo está fuera de toda duda, incluso para la Fiscalía Anticorrupción, Laporta insistió en reiterar esa obviedad y en dar carta de naturaleza y normalidad a esos pagos que para el resto del mundo son escandaloso y totalmente injustificados.
Los dos meses de espeso e inexplicable silencio transcurridos desde el estallido del caso no han servido para que Joan Laporta pudiera preparar una explicación sólida y esclarecedora sobre hechos irrefutables que él mismo institucionalizó en su primer mandato, estabilizando las retribuciones regulares a José María Enríquez Negreira con más de medio millón de euros anuales. El presidente sólo consiguió enredarlo todo aún más con inexactitudes y embustes que, además, ensombrecieron la mínima pátina de certeza o de realidad, más o menos aproximada, que pudieran aportar los informes externos sobre la excelencia -cuestionable- de la administración azulgrana.
Fue especialmente inoportuna la escenografía de una comparecencia del presidente junto a unas cajas que, según afirmó, contenían los informes realizados por el clan Negreira, con la pretensión de justificar los pagos a cambio de un servicio de asesoramiento. Pagados a Enríquez Negreira, no lo negó, aunque, según precisó Laporta, realizados por el hijo, Javier Enríquez, «que era el proveedor real». Una mentira que duró apenas unos segundos, lo que tardaron en circular varios tuits rapidísimos que especificaban que el hijo de Negreira no empezó a facturar por su cuenta al FC Barcelona -o, mejor dicho, a Josep Contreras, en otro artificio contable incalificable y menos justificado aún- a partir de 2013, certificando que las cajas contenían efectivamente el material e informes aportados desde ese año por Javier Enríquez.
En ningún caso los del padre, desde 2005, de los cuales no existen copias ni constancia. Algunas fuentes bien informadas sostienen que Enríquez Negreira nunca entregó un solo informe al club, mientras que Laporta admitió que si no se habían podido recuperar era porque la documentación se destruye regularmente cada cinco años. Además, cometió el error y la osadía de intentar tapar la noticia del día sobre el caso publicada por El Mundo, según la cual la auditora KPMG advirtió al Barcelona en octubre de 2010 de que Joan Laporta disparó los pagos al número dos de los árbitros y precisó que los abonos a una de las sociedades de José María Enríquez Negreira, Nilsad, habían experimentado un súbito incremento. «Hasta el extremo de que la facturación de esta sociedad, sólo una de las que conforman el conglomerado de entidades empleadas por el exárbitro, aumentó un 101,9% en una temporada. Asimismo, el informe de auditoría llamó la atención sobre los supuestos conceptos que habían motivado el aumento: Grabación de partidos disputados por la selección española Sub-21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones celebrada en Sudáfrica», decía la noticia.
«Si aumentó fue porque se pidieron más informes por el incremento de la actividad», dio Laporta como explicación, y se quedó tan ancho y a gusto, sabiendo que en cualquier caso a él no le perseguirá la justicia por la prescripción de cualquier posible delito. Lo esencial de las conclusiones de KPMG fueron «las muchas objeciones a la gestión económica del club centradas en la contratación de «servicios profesionales independientes» tras analizar los «gastos de gestión» derivados de la contratación, entre otras cuestiones, de «estudios de mercado, abogados, notarios o consultoras de seguridad». Una serie de partidas a las que el Barça había destinado 20,5 millones de euros en la última temporada de Laporta como presidente. Lo cual suponía, recalca KPMG, un incremento del 25,2% con respecto a la temporada anterior. Pero entre todas las variaciones, la auditora subraya el incremento experimentado por la empresa Nilsad de Negreira, que dobló su facturación en un año bajo el pretexto de grabar vídeos de partidos. De tal forma que por este servicio pasó de percibir 245.000 euros al año a 494.000. O lo que es lo mismo, 249.000 euros extra», añadía.
La misma auditoría señala que el acuerdo con Negreira se refería al asesoramiento de vídeos técnicos. Y precisa a renglón seguido que la tarea oficial de esta empresa consistía en la «observación y visionado de jugadores», lo que se conoce técnicamente como labores de scouting, mientras que Laporta insistió el lunes en la teoría del asesoramiento arbitral. O sea que sus propios investigadores (Andreu van den Eynde y su costoso equipo de abogados especializados) no se leyeron estas objeciones de la due dilligence de 2010.
El caso es que, pese a las salvedades del auditor, siendo ya presidente Sandro Rosell, los pagos a Negreira se mantuvieron durante ocho años más, incluida parte de la presidencia de Josep Maria Bartomeu, hasta que se produjo un relevo en el alto mando del estamento arbitral y Negreira dejó de ser la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, su presidente. Su hijo Javier, que también cobraba del Barça, sí que llegó a presentar al club informes detallados sobre los colegiados que arbitraban al Barça en las diferentes competiciones, motivo por el cual el Ministerio Público le ha dejado fuera de las pesquisas. Por si cabía alguna duda, el propio Negreira admitió ante Hacienda que nunca presentó informe alguno y que su verdadera función consistía en conseguir que los arbitrajes «fueran neutrales».
A Rosell y Bartomeu les tocará explicar ante el tribunal esta decisión continuista de una herencia que cada vez tiene más pinta, aunque no pueda ser excusa ni justificación, de algo muy parecido al timo de la estampita y de ese opaco universo de Ángel María Villar conectado al Barça por otro personaje más siniestro aún como Josep Contreras.
«Bajo mi presidencia, el FC Barcelona ha reforzado el área de compliance dotándola de más recursos técnicos y humanos para que puedan llevar a cabo sus funciones, como detectar actuaciones sospechosas», dijo Laporta que, sorprendentemente, tras airear que no se había detectado el menor rastro de irregularidad en esos 7,5 millones pagados por presuntos informes -de los que aún se ríen los propios árbitros por ridículos, innecesarios y pagados con un sobreprecio galáctico-, aseguró que si volviera a contratar a Negreira «le pediría al departamento de compliance, que antes no existía, que objetivara la conveniencia de hacerlo».
Como si su compliance actual, el amiguete Sergi Atienza, no se haya convertido en el compliance officer más desocupado, por la relación salario-trabajo, y en el mejor pagado del país, casi a nivel de Negreira en sus mejores tiempos.
