Los presuntos espiados con Pegasus implicados en la trama rusa del proceso no lo denuncian en los juzgados

Ni Puigdemont ni Alay ni Alexander Dmitrenko se han querellado en los tribunales por los supuestos ataques a sus teléfonos móviles publicitados por Citizen Lab y Amnistía Internacional

Josep Lluís Alay, a la seu del diari Komsomolskaya Pravda, en una de les seves visites a Moscú per buscat suport a la independència de Catalunya

La trama rusa del procés afecta al ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al jefe de su Oficina, Josep Lluís Alay, a la ex-consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, al empresario ruso Alexander Dmitrenko y al ex-responsable de Relaciones Exteriores de Convergencia Democrática de Catalunya, Víctor Terradellas. Puigdemont, Alay y Artadi aparecen en el informe realizado por el colectivo canadiense Citizen Lab bautizado como CatalanGate según el cual los teléfonos y dispositivos digitales de 65 personas partidarias de la independencia de Catalunya fueron espiadas con los software maliciosos Pegasus y Candiru. Alexander Dmitrenko no aparece en este listado, pero tres semanas después de que Citizen Lab publicara su CatalanGate, escribió un mensaje en Twitter en el que explicaba que su teléfono móvil había sufrido nueve tentativas de infección con Pegasus. Ni Puigdemont ni Alay ni Dmitrenko han presentado denuncias en los tribunales de justicia por el supuesto espionaje que han sufrido.

Cuando Citizen Lab publicó su informe, Elsa Artadi era concejala del ayuntamiento de Barcelona en representación de Junts per Catalunya. El consistorio aprobó presentar una denuncia por el supuesto espionaje que sufrieron ella y el concejal de Esquerra Republica, Ernest Maragall, también incluido en el CatalanGate. El ayuntamiento anunció la presentación de esta denuncia en mayo del año pasado y no se ha informado de cuál ha sido su evolución en los juzgados.

Artadi, Terradellas y Dmitrenko declararon ante el juez Joaquín Aguirre por su presunta participación en las negociaciones con representantes del Kremlin para lograr su apoyo a la independencia de Catalunya. El juez consideró que la declaración de Artadi era poco fiable y se lo dijo abiertamente. La entonces consejera de Presidencia se habría reunido con emisarios rusos por indicación de Carles Puigdemont y con la mediación de Víctor Terradellas. Estos emisarios habrían ofrecido el apoyo a la independencia de Cataluña a cambio de que el gobierno la convirtiera en un paraíso para las criptomonedas. Puigdemont también se reunió con esos emisarios. Esa trama incluye el apoyo de medios de comunicación rusos como Russia Today o Komsomolskaya Pravda al procés independentista, entrevistas con Puigdemont incluidas.

Sin embargo, en el CatalanGate de Citizen Lab no hay ninguna alusión a la trama rusa del procés. Se señala que el teléfono móvil de Alay fue atacado seis veces en junio de 2020, año en el que visitó Moscú en compañía de Dmitrenko en busca de apoyos a la causa independentista. El informe del colectivo canadiense vincula, en cambio, las fechas de algunos de los supuestos espionajes con reuniones concretas de sus propietarios. Lo hace, por ejemplo, en el caso de los eurodiputados de ERC Diana Riba y Jordi Solé.

Dmitrenko, en su perfil de Twitter, explicó que fue Amnistía Internacional quien detectó los nueve ataques en su teléfono móvil. Esta organización de defensa de los derechos humanos colaboró con Citizen Lab en la confirmación de cuatro de los casos de supuesto espionaje en el Catalangate. La no inclusión del empresario ruso en el listado de víctimas da argumentos a quienes creen que el colectivo canadiense quiere ocultar la existencia de la trama rusa del procés ya que justificaría el espionaje de las personas que estuvieron implicadas en ella. Que ni Carles Puigdemont ni Josep Lluís Alay ni Alexander Dmitrenko hayan denunciado en los tribunales el espionaje con Pegasus que dice Citizen Lab que sufrieron abona esa tesis. Tampoco lo ha hecho ninguna de las víctimas de Pegasus cuyos nombres han aparecido en los últimos días en los medios de comunicación por su implicación en la creación de Tsunami Democràtic, la plataforma que organizó anónimamente los altercados posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo por el caso 1-O.

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