Las noticias sobre la financiación del Espai Barça se han convertido en la versión azulgrana del día de la marmota, principalmente porque la directiva de Joan Laporta ha confirmado haber alcanzado un acuerdo con bancos e inversores varias veces, y todos ellos diferentes, durante los últimos meses sin que ninguna de ellas haya sido anunciada ni confirmada con un comunicado oficial. La última versión, urgentemente repartida entre las redacciones la mañana del jueves para mitigar en lo posible la cruel eliminación copera a manos del Real Madrid, apunta a una cesión prácticamente total del Espai Barça -gestión, construcción y explotación de la obra más importante de la historia del club- a una sociedad externa dominada por los bancos e inversores. Esa parece ser la solución final de Laporta, entregado y rendido a la realidad que desaconsejaba frenar el proyecto, a cambio de mantener a toda costa la licitación a favor de la empresa turca Limak.
Hasta ahora, Laporta y su aparato de comunicación se han dedicado sistemáticamente a filtrar las diferentes versiones y estadios de una negociación que, sobre todo desde el 31 de marzo, ha entrado en un bucle del todo ininteligible. Desde ese día, o mejor dicho desde el día anterior, cuando la junta directiva se reunió durante siete horas para aprobarlo de una vez por todas, lo único que se sacó en claro fue que la temporada que viene el primer equipo jugará en Montjuïc.
Más allá de esa certeza, que había de ser ratificada formalmente ante la Federación Española de Fútbol, y por tanto a la UEFA para los partidos de Champions, sólo se añadió, por filtraciones también, que la junta había aprobado un plan de financiación a la espera de que al día siguiente lo aprobaran los inversores.
O sea, que no estaba todavía cerrado, lo que supuso posponer la definitiva luz verde a la semana que ahora acaba con un anunció parecido y también confuso. La prensa lo reprodujo y transmitió casualmente la mañana siguiente al descalabro copero del primer equipo frente al Real Madrid.
Fue, de algún manera, la buena noticia del día que venía a disipar al menos parte del desencanto y el disgusto de la víspera, el feliz desenlace de una negociación que parecía atada desde hacía meses. De nuevo, sin embargo, a base de informaciones filtradas que decían celebrar, por parte de la junta, el acuerdo final y definitivo, eso sí condicionado a que la semana que viene los inversores conocieran todos los detalles y decidieran, conjuntamente con el Barça, hacerlo público.
De nuevo, lagunas. ¿Está aprobado por los inversores o no lo está? La respuesta son los juegos malabares que le toca hacer a Laporta desde que su junta, contra su criterio, exigiera un interés inferior al 6% y menor financiación garantizada sobre emisiones de bonos, a base de introducir créditos ordinarios con bancos distintos, a poder ser locales.
Además de que eso era imposible con Goldman Sachs y JP Morgan al acecho del caso Negreira, las cosas se pusieron aún peor cuando el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, lo prejuzgó públicamente, calificándolo como “lo más grave que he visto nunca”.
De pronto, sin embargo, justo en el momento más crítico y de aguda inquietud de los inversores, resulta que todo se soluciona a base de menos intereses y flexibilidad con los bonos, incluso con el adorno -nadie se lo cree- de que el club se plantea rebajar el tipo de interés cuando pase la tormenta financiera actual.
¿Dónde está la trampa? Conociendo a Laporta y su forma atropellada e imprudente de resolver este tipo de situaciones, sin duda existe y será revelada tarde o temprano, puede que cuando la próxima semana -es la nueva fecha filtrada- el acuerdo haya de ser explicado, dentro de la opacidad en la que ya se ha adentrado, pues conviene recordar que Laporta ha prohibido a la agencia de calificación Kroll, encargada de analizar la operación, hacer pública la calificación de la operación después de sufrir una rebaja sustancial y alarmante de BBB+ a BBB entre febrero y marzo.
También debe precisarse que Laporta asumió el compromiso de respetar la voluntad de sus compañeros de junta, muchos partidarios de echar el freno en el borde del abismo, a cambio de que le permitiesen actuar en solitario y con plenos poderes.
Aunque las teóricas líneas rojas del mandato asambleario ya se han ultrapasado hace meses, Laporta también estaba obligado a no comprometer el patrimonio del club -a buenas horas- y a respetar ciertos parámetros que, por lo que se empieza a saber, serán ignorados y pisados como lo son sistemática los derechos de los socios, especialmente los de participación, votación, información y trasparencia.
Las primeras informaciones apuntan a la intervención de una empresa externa, puede que una especie de sociedad participada por Goldman Sachs, JP Morgan, los inversores y el Barça, en cualquier caso mayoritariamente controlada por quien aporta el capital de la operación, con la capacidad y la finalidad de controlar absolutamente todo el proceso de gestión y administración de esos recursos, con una mínima intervención de la propia junta directiva, que pasaría a ser un convidado de piedra en la gestión del Espai Barça.
Suena raro, de todas formas, que Laporta haya accedido finalmente a perder el control de su juguete preferido, a menos que se trate de otra maniobra para estirar un poco más en el tiempo y en las condiciones una negociación que, como primera consecuencia, podría retrasar a septiembre el inicio de las obras.
El resto, ya es conocido, pues si se firma, como parece, con sólo 100 millones de ingresos del nuevo Camp Nou para el club a lo largo de los 25 años de vencimiento del préstamo, la asfixia está asegurada y Goldman Sachs se quedará con el club, a cambio de la deuda, en cuanto exija el pago del crédito ordinario que mantiene desde 2021 y del que acaba la carencia en breve.
