La gestión de la financiación del Espai Barça ha sido, desde los orígenes de la negociación bajo el mando del CEO Ferran Reverter, un continuo esperpento plagado de desencuentros, recelos y dudas por parte de una junta directiva que, a fecha de hoy, en el súmmum de la incompetencia, ya ha decidido seguir dando palos a ciegas y someterse a la voluntad y el capricho de los inversores. Joan Laporta no ha conseguido cerrar todavía un acuerdo, al mismo tiempo que, por otro lado, ha confirmado a la RFEF -o sea, a la UEFA- su decisión firme e inamovible de trasladarse a Montjuic este verano, aunque se acabe el mundo. Es decir, ha dejado otra vez al club expuesto a una situación de vulnerabilidad y de debilidad, obligándose a no poder dar esa marcha atrás o paralizar la firma con Goldman Sachs y otros bancos, la opción más sensata aconsejada y planteada desde todo su entorno, incluso en el seno de su propia junta directiva.
El empeño de Laporta en irse al Lluís Companys, ya irreversible, supone, otra vez, empezar la casa por la ventana en base a las dos únicas ideas que tiene verdaderamente claras: atar el destino del Camp Nou y del Barça a Limak, la constructora estrella responsable de la reforma del estadio, y prescindir olímpicamente del Palau Blaugrana porque el proyecto ya nace embutido en tantas deudas y trampas financieras que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza considerar cumplir con el mandato asambleario.
A partir de ambas premisas, Laporta ha protagonizado en las últimas horas otro de sus giros, enrevesado, opaco y serpenteante, con el único propósito de provocar en su junta un efecto hipnótico y engañarla de nuevo como está a punto de hacer, consumando un plan de financiación que al final no se parecerá en nada al que se sometió al criterio de la directiva en la reunión del jueves pasado.
Laporta les expuso el modelo consensuado con Kroll, consistente en 1.250 millones de euros de préstamo, sobre la garantía de unos bonos que ya nacen prácticamente calificados como basura a unos intereses por encima del 6% por exigencia de los inversores. La propuesta se topó con el lógico escepticismo de buena parte de sus compañeros. Básicamente, el grupo mayoritario que aún no ha recuperado lo invertido en la carísima campaña electoral de hace dos años, asumiendo en apariencia sus argumentos en contra y algunos matices, prometiéndose reducir la emisión de bonos a 1.000 millones, mantener el límite del 6% de interés porque en eso se puso firme el vicepresidente económico, Eduard Romeu, y buscar 500 millones de crédito bancario directo con CaixaBank, Banc Sabadell y alguna otra entidad interesada.
Consiguió arrancarles esa equivocada percepción de un acuerdo de financiación que en el fondo nunca existió, pues si se lee entre líneas el comunicado oficial sólo se aludía a la validación de un plan por parte de la junta, aunque sujeto a la aparente formalidad de cerrarlo con los inversores al día siguiente.
Dicho de otro modo, Laporta les dio a entender que impondría al conjunto de los inversores y de los bancos esas nuevas condiciones de su junta para evitar la paralización del Espai Barça. Como era de esperar, no hubo acuerdo el día siguiente porque ni Goldman ni el resto están por la labor de aceptar cambios sustanciales en una operación cada vez más cara y de mayor riesgo, no sólo por la coyuntura financiera internacional. El caso Negreira ha encendido todas las armas.
El peligroso juego de Laporta acabó después de otro largo viernes de conversaciones sin ningún acuerdo, sino más bien al contrario, a causa de la nueva locura de intentar desandar el camino andado durante meses de negociación en apenas veinticuatro horas de furia. Lo que hizo fue aplicar su maniobra preferida, el mismo regate del año pasado cuando se dedicó primero a fichar y a gastar y luego, obligado por la precariedad, a vender palancas en las peores circunstancias, con prisa y bajo presión para acabar poniéndose en manos de los financieros de confianza de Florentino Pérez.
Precisamente, el fondo de inversión preferido del presidente del Real Madrid, Key Capital, sonó como alternativa de última hora a la financiación armada por Goldman Sachs y JP Morgan, añadiendo un grado de crispación y de malestar a quienes, como ocurre con Goldman, pueden ponerse duros con el préstamo puente de 150 millones avanzado sobre el Espai Barça, dos de cuyos plazos han vencido sin que Laporta haya podido hacer frente a su devolución, ni siquiera de un euro. Para rematar una reunión de junta histórica, que no dejó satisfecha absolutamente a nadie, el primer comunicado, a media tarde, anunció la renovación de dos pólizas de crédito, lamentablemente imprescindibles para atender las necesidades ordinarias del FC Barcelona por falta de tesorería.
Aunque el área de comunicación asoció a esa ampliación de los préstamos el mérito de seguir gozando de la confianza de los bancos, los expertos no entendieron demasiado que una institución como el Barça le diera carta de propaganda a un hecho de tan dudoso éxito financiero como la necesidad de renovar las pólizas de crédito.
Malas noticias y peores sensaciones, desgraciadamente ratificadas con esa confusa e insuficiente validación de un plan financiero que al día siguiente no obtuvo la luz verde de los inversores, envuelto en la peligrosa promesa de Laporta a sus directivos de solucionar el tema a lo largo de esta semana. Eso sí, con el inquietante y preocupante matiz de haber conseguido de su junta plenos poderes para cerrar un trato en solitario, sin necesidad de consultarlo.
Una envolvente parecida a la que, en su momento, a finales de junio de 2022, le hizo al sector de la junta que había conseguido imponer la necesidad de políticas de austeridad, control del gasto y reducción de la masa salarial. Fue terminar aquella reunión de la directiva y Laporta desatar la fiebre de las palancas con el resultado ya conocido de 840 millones de ingresos, 656 millones en fichas y un aumento sustancial del déficit presupuestario que está arruinando al club.
En definitiva, que Laporta prioriza el plan Limak por encima de cualquier otra consideración, por supuesto que sin atender a la sensatez de parte de sus directivos, y con la predisposición a firmar las peores condiciones de financiación para el Espai Barça en cuestión de horas. La reacción de sus directivos y de su entorno económico y financiero será la de siempre, soportar con resignación y sumisión el autoritarismo de un presidente al que nadie se atreve a pararle los pies. Es cuestión de apenas unos días, según el compromiso anunciado, formalizar un acuerdo definitivo de financiación con el sello personal de Laporta, es decir, del todo favorable a sus intereses personales, aunque calamitosos para el patrimonio, la economía y el modelo social de copropiedad.
