En el último informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional destaca los problemas de vivienda que hay en España y alerta de que el Estado niega «a miles de familias el derecho a una vivienda adecuada». En este sentido, el organismo destaca que solo entre enero y septiembre de 2022 se llevaron a cabo 29.285 desahucios en todo el país.
Amnistía considera que las autoridades españolas no protegieron adecuadamente el derecho a la vivienda, y señala que la suspensión de desahucios aprobada el pasado mes de junio por el Gobierno central «fue insuficiente para proteger de la falta de hogar a miles de personas». Por otro lado, destaca que el aumento del precio de la energía ha causado importantes afectaciones a muchas familias y que el 14,3% de la población «no podía permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada».
El organismo destaca el caso del barrio madrileño de la Cañada Real, donde 4.500 personas, de las cuales 1.800 son menores de edad, «continúan viviendo sin acceso a la electricidad después de ser desconectadas de la red en 2020, a pesar de la recomendación del Defensor del Pueblo de restablecer la conexión».
«Respuesta violenta» en la valla de Melilla
Amnistía Internacional también hace referencia a «la respuesta violenta de las autoridades» ante los intentos de cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla, hecho que «se saldó con muertos, tortura y expulsiones ilegítimas». En este sentido, el organismo señala las «violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes en las fronteras», y destaca que, el pasado 24 de junio, «las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros maltratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas de entrar en Melilla y solicitar protección».
Al menos 37 personas murieron y más de 470 fueron expulsadas ilegalmente, recuerda Amnistía, que indica que varios expertos de la ONU condenaron «la persistente ausencia de rendición de cuentas por las muertes y la deshumanización de personas migrantes africanas a las fronteras de Europa».
«Preocupación» por Pegasus
El informe de Amnistía también destaca el uso de Pegasus contra figuras políticas catalanas y miembros de la sociedad civil, y señala que este software espía instalado en teléfonos móviles de políticos catalanes, periodistas, abogados y familiares de estos suscita «preocupación». Al respecto, el organismo explica que mientras la Audiencia Nacional abrió una investigación sobre el uso del software con figuras del Gobierno central como el mismo presidente y dos ministros, «continuaron estancadas las investigaciones que estaban haciendo por su parte tribunales de Cataluña» sobre el espionaje a políticos catalanes y miembros de la sociedad civil.
