El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena niega que haya habido ningún tipo de animadversión ni persecución contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los demás políticos independentistas que huyeron del país tras el 1-O. Ha justificado su argumento poniendo como ejemplo el trato que recibió la consellera Meritxell Serret cuando compareció voluntariamente en el alto tribunal y quedó en libertad inmediatamente.
Lo ha defendido en el auto en el que se confirma el procesamiento de Puigdemont por un delito de desobediencia y otro de malversación en su modalidad más grave, que puede penarse con hasta 12 años de cárcel: “Ningún observador imparcial podría maliciar una falta de imparcialidad por la reclamación de los fugados, cuando Meritxell Serret, una de las procesadas que compartía su situación de rebeldía, compareció voluntariamente ante este instructor, acordándose inmediatamente su libertad, quedando sujeta a lo que decida la Sala de enjuiciamiento del Tribunal Supremo”.
La consellera d’Exteriors, que será juzgada el próximo día 29 de marzo por su responsabilidad en el referéndum del 1-O, quedó en libertad tras comparecer ante el instructor del ‘procés’ en el alto tribunal. Hizo lo mismo con la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que espera en libertad el juicio al que tendrá que enfrentarse en Barcelona.
