El caso Negreira se ha convertido en un enredo sobre el cual, definitivamente, Joan Laporta no saldrá a dar ninguna explicación pública acerca de los detalles, los pagos y las supuestas contraprestaciones a cambio de los más de 7 millones de euros pagados a un miembro del comité de árbitros a lo largo de los años. Seguirá, como hasta ahora, cobardemente anclado en ese silencio en el que, a la fuerza, se ha visto obligado a refugiarse y mantenerse desde que, a los cinco minutos de explotar la noticia en la cadena SER, no tuvo otra ocurrencia que la de admitir públicamente los pagos, normalizarlos basándose en que “otros equipos” también lo hacían y lapidar al mensajero por la malicia de propagar la noticia a 24 horas del partido trascendental de la Europa League frente al Manchester United en el Camp Nou.
No le queda otra cuando, además, transcurrido más de un mes desde aquella explosiva noticia, el caso ya se ha judicializado en forma de querella contra el Barça, dos expresidentes y dos ex-altos ejecutivos y el propio José María Enríquez Negreira, quien, además de ser investigado, se ha personado como acusador. Absurdamente, los medios justifican ese paso judicial porque así obtiene toda la información procesal, como si siendo uno de los imputados se la fueran a negar.
Más bien parece por parte de Negreira, por las apariencias, otra demostración de cara dura y sus perversas intenciones en un caso que más parece una estafa y un sacacuartos que otra cosa, pues mientras Negreira ha esgrimido un principio de Alzheimer para no declarar ante la Fiscalía no parece tener ningún problema para personarse como acusado o para esconderse en algunas de las viviendas que, por lo que parece, figuran patrimonialmente a nombre de su pareja. También escondido entre Benidorm y alguna casa rural, aparecen informaciones sobre el reciente embargo de un desvencijado vehículo a su nombre como una de sus últimas sus propiedades.
Laporta no puede abrir la boca tampoco porque, además, desde el club ya se ha respondido en diligencias previas de la Fiscalía que nadie del FC Barcelona de hoy puede dar explicaciones, que fueron otros exdirectivos y exejecutivos de otros gobiernos azulgrana anteriores los responsables de esas operaciones desde 2010 -en concreto, los que constan como investigados-, y se ha añadido que tampoco existen documentos acreditativos ni se ha encontrado ningún contrato que amparase los servicios de Negreira. El club, la junta actual, no ha colaborado hasta ahora con la justicia y, además, se han inhibido de la investigación.
Si ahora sale el presidente a la palestra sólo empeoraría las cosas, mucho más si le da por explicar siquiera el menor detalle y alterar la estrategia judicial de todas las partes, inicialmente establecida el jueves pasado, cuando se produjo un encuentro de la mayoría de abogados defensores de la parte del Barça. O sea, entre Cristóbal Martell en representación del FC Barcelona; el responsable de los servicios jurídicos de la junta, Pere Lluís Mellado; el abogado de Josep María Bartomeu, José María Fuster Fabra; el representante legal de Sandro Rosell, Pau Molins; y el abogado de Albert Soler, Miguel Capuz.
No hace falta subrayar que el primer mandamiento de todos los letrados ha sido ordenar a sus respectivos clientes guardar un silencio absoluto y estricto en un intento grupal de intentar elaborar y someterse a un marco de actuación coordinado, o cuando menos intentarlo.
Laporta jugará además un papel crucial en la causa, ya que, como testigo citado, estará obligado a decir la verdad cuando sea llamado a declarar, lo cual constituye el mayor desafío que jamás haya tenido un juez.
Cualquier otra alusión o precisión por su parte podría complicar terriblemente el panorama y el relato de una historia en la que él, aunque por causa de la prescripción, no está siendo investigado, pese a que fue quien reactivó los pagos y elevó la retribución a Negreira a partir de 2005, cuatro años después de que su antecesor, Joan Gaspart, oficializara la relación con un miembro en activo del estamento arbitral.
Atado de pies y manos, la promesa y la pose democrática y de voluntad de transparencia de Laporta será una más de su volátil y descafeinada personalidad y desgana cuando se trata de comprometerse y cumplir con los derechos fundamentales de los socios, en este caso el de información.
La falta de defensa y de liderazgo, más allá del gastado victimismo con el que ha reaccionado, propala y aumenta la sensación de culpabilidad azulgrana, o al menos es así como se interpreta fuera de las fronteras naturales del entorno mediático catalán controlado por la gestapo laportista. El diario L’Equipe ha enfocado la información recabada con el siguiente enfoque: “El asunto Negreira, el escándalo del FC Barcelona que ensombrece el Clásico (…) Desde hace un mes, el escándalo de Negreira agita el fútbol español y amenaza al Barça con duras sanciones. ¿Está ocultando una empresa de corrupción arbitral o un desfalco gigantesco?”.
Los titulares no dejan lugar a dudas sobre cómo se percibe en Europa la situación sin que, pese a los intentos del diario francés por contrastar las informaciones y dar espacio a la réplica o el desmentido del FC Barcelona, haya podido modular o atemperar el impacto del caso.
No hay nadie al otro lado del incendio que la UEFA ve desde Nyon en un Barça acorralado por la gestión de Laporta, económicamente muy tocado y deportivamente fuera de elite continental desde hace dos temporadas.
La UEFA, además, vive un momento de especial sensibilidad a causa del frente abierto en su contra por el Real Madrid y el FC Barcelona, los dos únicos grandes clubs, junto con la Juventus, que siguen defendiendo la Superliga como única alternativa para dar un salto sustancial en los ingresos.
La decisión final de la Real Federación Española de Fútbol, miembro y parte principal de la UEFA, de personarse en la causa apunta claramente en la misma dirección que han adoptado la totalidad de los organismos y administraciones deportivas, como el CSD, LaLiga, los árbitros y el Real Madrid, generando en el ámbito internacional la peor imagen del Barça. La posición de la Federación que preside Luis Rubiales es clave, pues hace nueve meses, cuando fue requerida por la Fiscalía, respondió que, como vicepresidente de los árbitros, Enríquez Negreira no tenía «ninguna incompatibilidad» por razón de su cargo ni funciones concretas. Ahora ha debido girar en la dirección opuesta, también para no cabrear más al Colegio de Árbitros después de ese intento fallido de proteger a Laporta.
Con el paso de los días, con el compliance de Laporta, Sergi Atienza, también desaparecido, puede que el abogado Andreu van den Eynde, contratado para realizar un informe interno sobre si ahora se paga a los árbitros -un informe anacrónico, absurdo e inútil, además de caro-, acabe saliendo a explicar un cuento que intente tapar las vergüenzas y la pasividad de Laporta.
Entretanto, Laporta sigue utilizando el primer equipo y el liderato en la Liga como escudo, en ningún caso elementos que le puedan ayudar penalmente al Barça o evitar una sanción de la UEFA.
