La síndica de agravios de Cataluña, Esther Giménez-Salinas, ha reconocido que hay avances claros en la reducción de la segregación escolar. No obstante, ha alertado de que todavía hay margen para mejorar la escolarización equilibrada del alumnado.
Giménez-Salinas ha presentado el informe anual de seguimiento del Pacto contra la segregación escolar. Lo ha hecho en el marco de la sexta jornada anual para analizar el desarrollo de este acuerdo en el mundo local, organizada conjuntamente con el Departamento de Educación y Formación Profesional y la Diputación de Barcelona.
Aunque los datos confirman un avance sostenido en los últimos años, el documento pone de manifiesto que la segregación sigue siendo un reto relevante que requiere reforzar urgentemente las políticas públicas y la coordinación institucional.
Durante su intervención, Giménez-Salinas ha reivindicado el papel clave de los ayuntamientos en la planificación educativa y ha lanzado un mensaje de optimismo moderado: «El 68 % de los municipios han mejorado sus índices de segregación escolar. Esto demuestra que, con voluntad política, se pueden revertir desequilibrios».
Mejora significativa, pero desigual
Según el informe correspondiente al curso 2025/2026, los niveles de segregación escolar han continuado disminuyendo, especialmente con respecto al alumnado de origen extranjero.
En esta categoría, la reducción desde el curso 2018/2019 es notable: ha bajado más de un 30 % en primaria y más de un 25 % en secundaria.
Asimismo, los municipios con niveles elevados de segregación se han reducido drásticamente, pasando del 40,2 % al 10,9 % en el mismo periodo.
Sin embargo, esta tendencia positiva no se refleja de la misma manera en el alumnado con dificultades económicas, donde la mejora es mucho más limitada, manteniendo desequilibrios importantes entre centros educativos y entre municipios.
Retrasos en la detección
El estudio destaca una mejora histórica en la identificación de alumnos con necesidades educativas vinculadas a situaciones socioeconómicas, que ya representan el 34 % en primaria y el 29,4 % en secundaria, alcanzando el objetivo de equiparar la detección al riesgo de pobreza real.
El problema principal, sin embargo, es el calendario: una tercera parte de este alumnado se detecta una vez ya ha sido escolarizado, lo que dificulta una distribución equilibrada desde el principio de la etapa escolar.
Además, la síndica alerta de la persistencia de un «efecto gueto» en determinados entornos. En una tercera parte de los municipios catalanes, más del 40 % del alumnado se considera vulnerable, y la matrícula viva —aquella que llega con el curso ya iniciado— continúa afectando mayoritariamente a los centros que ya sufren una alta complejidad.
Sobreoferta de plazas
Uno de los puntos más críticos del informe señala la sobreoferta de plazas en la etapa inicial (I3), que se sitúa en torno al 10%. La síndica advierte que la reducción de ratios aplicada de manera lineal y tajante puede ser contraproducente, ya que aumenta la proporción de plazas ocupadas por hermanos reproduciendo la composición social del centro y, al mismo tiempo, reduce la flexibilidad para gestionar la matrícula viva.
Por otro lado, Giménez-Salinas ha lamentado que no se haya aprovechado la finalización y renovación de los conciertos educativos este 2026 para hacer una programación conjunta y racional de la oferta entre la red pública y la concertada que evitase esta sobreoferta de plazas.
Crítica al reparto lineal de los nuevos recursos
Aunque el informe reconoce un incremento de los recursos —como las «mochilas escolares», que beneficiaron a más de 150.000 alumnos en el curso 2024/2025—, se constata que aún no se garantiza la equivalencia de condiciones entre el sector público y el concertado.
La síndica ha sido especialmente punzante con el destino de las nuevas inversiones educativas. Aunque servirán para reducir la infrafinanciación general del sistema, sólo el 20 % de este incremento económico está condicionado a la complejidad de los centros o a la atención a la diversidad. El 80 % restante (destinado en gran parte al aumento salarial de los docentes) se ha distribuido de manera lineal, perdiendo la oportunidad de dar un salto cualitativo en la equidad.
Recomendaciones
Para encauzar esta situación, el informe finaliza con unas recomendaciones a la administración:
Detección precoz: Mejorar la identificación del alumnado vulnerable antes de su escolarización.
Planificación territorial: Ajustar la reserva de plazas y hacer una programación conjunta de la oferta pública y concertada para eliminar la sobreoferta del 10 %.
Cambios normativos: Alinear los decretos de programación y de conciertos.
Financiación asimétrica: Aprovechar el incremento presupuestario para priorizar los centros complejos, mejorando el diseño de las «mochilas escolares» y evitando el reparto lineal de fondos.
