El plan piloto de la Renta Básica Universal (RBU) queda en el aire a la espera de la recta final de los presupuestos. Si bien el experimento se ha quedado sin partida presupuestaria en las cuentas del 2023, el Govern quiere mantenerlo vivo comprometiéndose al menos a desplegar la normativa. Así consta en la ley de acompañamiento de los presupuestos que, en cambio, no detalla cuánto dinero se gastará el Govern para continuar los trabajos preparatorios.
Tanto los presupuestos como la ley de acompañamiento se votarán la próxima semana en el Parlament y el PSC ha aprovechado esta recta final para intentar eliminar definitivamente al piloto de la RBU a través de una enmienda a la ley de medidas fiscales y financieras, que acompaña a los presupuestos.
Los socialistas se quejan de que esta ley de acompañamiento no se pactó en el marco de las negociaciones presupuestarias y avisan al Govern de que también deben pactarlo porque no cuentan con mayoría en el Parlament. El experimento de la RBU es uno de los más conflictivos porque el PSC exige su suspensión total, mientras que el ejecutivo de ERC se resiste a enterrar el proyecto aunque en 2023 no disponga de fondos para ejecutarlo.
El Govern pretende impulsar un plan piloto de la Renta Básica Universal (RBU) con unas 5.000 personas que cobrarían un pago mensual fijo durante dos años. La idea es que el experimento pueda realizarse en dos o tres puntos del territorio catalán. La mitad de las personas perceptoras serían elegidas de forma aleatoria en todo el territorio catalán, y la otra mitad serían, prácticamente la totalidad de los residentes de dos municipios catalanes.
