La directiva de Joan Laporta empezó con muy mal pie el caso Negreira como resultado, pretendido o no, de una de esas bravatas del presidente que, a los cinco minutos de estallar la noticia en la Cadena SER, ya había pedido un cámara de Barça TV para insinuar que detrás de la información había una mano negra, sin precisar demasiado, moviendo los hilos contra el Barça. Laporta, estimulado por ese instinto suyo tan mediático y de supervivencia, reaccionó con habilidad para aprovechar a su favor ese viento de costado y para conjeturar que si se había puesto en marcha algún ventilador, era porque su Barça y el de Xavi habían despegado. Por si acaso, dejó dicha una frase absolutamente comprensible y eficaz para sus miles de admiradores y socios, la mayoría del barcelonismo, que sólo viven el club a través del escaparate mediático laportista: «No es casualidad que esto salga ahora, cuando vamos bien».
Otro dardo discursivo de Laporta en el centro de la diana y otro éxito de ese oportunismo suyo para dinamizar y manipular la opinión pública azulgrana, esta vez a costa de insinuar que, además de ese enemigo invisible, también había que señalar y reprobar al mensajero; o sea, la prensa.
Con el paso de los días, sin embargo, la aparición de los detalles y el conocimiento de una trama que transita a medio camino entre la estafa y el escándalo, la chapuza y la más bajuna de las conspiraciones de ese mundo opaco y espeso del arbitraje, y de su aún más cavernoso entorno, está revelando que, ciertamente, el origen y del encubrimiento directivo guardan la apariencia de un gran escándalo. Los pagos que ya se han podido comprobar y dimensionar en el tiempo también han excedido los servicios reales prestados por la empresa DASNIL 95 al FC Barcelona, que se han prolongado desde primeros de siglo (2001, según las referencias más fiables) hasta 2018 sin que nadie hubiera detectado un presunto y peligroso fraude, posiblemente delictivo.
El hecho de que circularan y se pagaran facturas desde el club a favor de una sociedad propiedad de un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, confirma, sin ningún género de dudas, la cobertura que el poder directivo establecido -desde Joan Gaspart a Joan Laporta, pasando por el primer mandato del propio Laporta y los siguientes de Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu– le concedió a una práctica del todo improcedente y de un riesgo incalculable.
De momento, el club se va salvar porque, siendo un una infracción presuntamente grave del ordenamiento deportivo, que habría podido derivar en varios tipos de sanción -dineraria, de pérdida de puntos, de un descenso de categoría y hasta de una exclusión de la competició-, el presunto caso ha prescrito gracias a que, en un momento determinado de esta historia de miedo y de terror, la directiva de Josep Maria Bartomeu, a causa de un reajuste de los gastos, decidió cortar ese servicio que no respondía al cumplimiento de ningún contrato, sino a la teórica y justificada necesidad formativa y didáctica sobre arbitrajes del primer equipo, el filial y la Masia.
Al menos ese es el relato oficial de un servicio que fue cortado en 2018, sospechosamente, coincidiendo con el cese de Enríquez Negreira en su cargo de CTA y con su alucinante reacción de dejar por escrito en un burofax no sólo el propósito oscuro de mantener apaciguado el madridismo del arbitraje nacional, sino su intención de destapar que Josep Contreras, el personaje del entorno azulgrana ideólogo y enlace del trapicheo iniciado en tiempos de Joan Gaspart, también venía cobrando una mordida que no acababa en los bolsillos del colegiado ni en los de su hijo.
El sorprendente burofax y las declaraciones de Negreira ante la Fiscalía vienen a corroborar la existencia de una doble trama en torno a un mismo hecho al que el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha referido como una posible estafa.
Esta es también la otra interpretación que, desde determinados sectores del club, se pretende divulgar, al mismo tiempo que aparecen las primeras reprobaciones. Josep Maria Bartomeu, que ha hecho declaraciones concretas sobre el caso, argumenta que esa fue una herencia que había ido pasando de presidente a presidente desde Joan Gaspart, poniendo énfasis en que debe ser Joan Laporta quien empiece por dar explicaciones y justificar el motivo por el que «cuadriplicó el importe anual de las facturas» pagadas al clan de los Negreira a partir de su primer mandato, desde 2003. Sandro Rosell, por su parte, no ha dejado dicho nada por ahora y Joan Gaspart acaba de sufrir un repentino ataque de amnesia sobre unos hechos que también parecen haber prescrito en su memoria.
Falta el giro de guión que quiera darle Joan Laporta, a partir de ahora único responsable de la gestión institucional del problema. Aunque no ha ido más allá del comunicado del miércoles, sus adláteres en materia de comunicación se han encargado de interponer una cortina con el manido truco de haber encargado una investigación externa con la finalidad de «garantizar la máxima eficiencia durante todo el curso de la misma», al mismo tiempo que, por parte del área de compliance, no se modificará la atención especial que ha provocado el conocimiento de esa investigación de la Fiscalía.
En el único comunicado oficial hasta ahora el club admitía que «contrató en el pasado los servicios de un consultor técnico externo, quien suministraba, en formato vídeo, informes técnicos referidos a jugadores de categorías inferiores del Estado español para la secretaría técnica del club (…) La relación con el proveedor externo se amplió con informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional a fin de complementar información requerida por el cuerpo técnico del primer equipo y del filial, una práctica habitual en los clubes de fútbol profesionales».
A Laporta le será difícil salir de ese atolladero en el que ya se ha metido con «una orden interna de preservar y conservar hasta nuevo aviso cualquier información que disponga el club».
Sería ingenuo pensar, sin embargo, que Joan Laporta va a permitir a nadie que no sea de los suyos y de máxima confianza remover papeles y certificar la naturaleza de los pagos, su historial, justificantes y, mucho menos, extraer conclusiones.
Cuando Bartomeu ordenó investigar internamente el Barçagate contrató a PriceWaterhouseCoopers para garantizar la independencia del proceso y de los resultados. En el caso Negreira no se sabe ni se sabrá quién llega -ni cómo- al fondo de un asunto espeso, delicado y cronológicamente peliagudo.
Cabe preguntarse, así pues, de qué sirve tanta auditoria, tanta due dilligence y tanto forensic con los que Laporta y su administración realizaron el que, se supone, fue el vaciado y más riguroso cribado de asuntos criminales y penales en busca de indicios de irregularidades de la etapa Bartomeu. Dos años después, no ha aparecido un solo recibo bajo la lupa de la corrupción mientras que debajo de las alfombras que Laporta ya prometió levantar en 2003 parece que se ha seguido escondiendo cierta basura.
