La primera sesión del juicio contra la presidenta de Junts, Laura Borràs, por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental ha estado marcada por el pacto que han alcanzado los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol Martín, y la Fiscalía. La defensa de la líder de Junts, liderada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, ha reclamado la suspensión del juicio argumentando que la «situación novedosa» vulnera su derecho a defensa, y ha tratado de «coacusadores» a Herrero y Pujol Martín.
La abogada de Borràs ha criticado que el acuerdo les haya «obligado a buscar en 72 horas» nuevas pruebas, después de mantener durante tres años «la misma línea de defensa», y ha recordado que incluso contrataron conjuntamente una prueba pericial que las tres defensas pagaron a partes iguales. La Fiscalía, por su parte, ha aclarado que «no ha formalizado» el acuerdo con los dos acusados, hecho que ha confirmado la defensa de Herrero, quien, a su vez, ha señalado a Elbal al considerar que «cuestiona el ejercicio del derecho de defensa».
Horas antes del juicio, Boye ha presentado un escrito al tribunal afirmando que las acusaciones contra Borràs que podrían producirse por parte del resto de acusados han sido «evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas», unos comentarios que la defensa de Pujol Martín ha considerado «innecesarios y desafortunados», incidiendo en el «respeto por el derecho de defensa». Los abogados de Borràs, sin embargo, consideran que el acuerdo con la Fiscalía podría constituir una vulneración del código deontológico de la abogacía, y han solicitado una dispensa para reunir pruebas y entregarlas al Colegio de Abogados.
