La Fiscalía ha establecido su criterio sobre cómo adaptar a la reforma penal las condenas dictadas por el Tribunal Supremo a los dirigentes del procés: alega que no deben revisarse las condenas impuestas al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras.
Los fiscales Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena han solicitado al Supremo que mantenga las inhabilitaciones resultantes de condenas por malversación agravada, de 13 años en el caso de Junqueras, y que aplique a los condenados por sedición el delito de desórdenes públicos agravados.
En concreto, el escrito del Ministerio Público argumenta que el margen de aplicación de la pena de inhabilitación absoluta en la nueva redacción del delito de malversación, de 10 a 20 años, es el mismo que lo previsto en el precepto penal aplicado por la sentencia condenatoria.
En la misma situación que Junqueras respecto a la revisión retroactiva de la norma, según los fiscales, se encuentran también los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. En cambio, el criterio de la Fiscalía para los dirigentes del procés solo condenados por sedición, establecería inhabilitaciones de 5 años para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, de 8 años y 2 meses para Joaquim Forn y Josep Rull, y de 9 años y 2 meses para Carme Forcadell.
El criterio de la Fiscalía, en definitiva, se opone a la suavización del castigo penal a los dirigentes del procés en cuanto a malversación, objetivo de la reforma penal, al entender que el ánimo de lucro no se contempla sólo en casos de apropiación, sino también que incluye casos en que voluntaria y conscientemente se haya dispuesto de algo como propio, destinándolo a una finalidad ajena a la función pública.
