El gobierno de España considera que el gobierno de Castilla y León ha acatado el requerimiento que le envió para que desistiera de adoptar o aplicar medida alguna que vulnerara la normativa vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, después de que trascendiera que un protocolo del ejecutivo autonómico preveía, entre otras medidas, ofrecer una radiografía 4D y la posibilidad de oír el latido del feto.
El ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez, eso sí, ha advertido actuará si se materializan «por cualquier vía» nuevas medidas que eviten la ley actual, como reacción a que un portavoz de la Junta de Castilla y León haya dicho que todavía tienen planes en relación a la atención a las mujeres embarazadas.
La Moncloa, que ha expresado preocupación por esta declaración, ha asegurado que el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha acatado formalmente el requerimiento, el segundo que le dirigió, aprobado esta semana en la reunión ordinaria del consejo de ministros.
En particular, el gobierno central ha comunicado que la Junta de Castilla y León le ha informado de que «no se ha producido vía de hecho, ni acto tácito alguno, pues nada se ha efectuado ni aprobado en su seno» sobre planes relativos al derecho al aborto.
