El consejo de ministros del gobierno de España aprueba, en su reunión de este martes, un requerimiento para que la consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León se abstenga de adoptar o aplicar medida alguna que vulnere la normativa vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, después de que trascendiera que un nuevo protocolo del ejecutivo autonómico prevé, entre otras medidas, ofrecer una radiografía 4D y oír el latido del feto.
Se trata del segundo requerimiento dirigido por el gobierno de España a la Junta de Castilla y León para que renuncie a aplicar el protocolo antiaborto, después de lo que formuló este fin de semana.
El nuevo requerimiento declara incompetente al gobierno de Castilla y León para actuar en materia de aborto y es el paso previo para iniciar acciones en el Tribunal Constitucional. Según ha advertido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el gobierno central emprenderá acciones en el Constitucional si la Junta de Castilla y León no responde esta vez, porque entiende que el gobierno autonómico se extralimita en sus competencias.
Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que su ejecutivo impulse cambios en el protocolo de atención a las embarazadas y ha asegurado que no se prevé obligar a nada ni a las mujeres ni a los facultativos. Por contra, ha defendido que las medidas previstas por su gobierno mejoran y modernizan las prestaciones y los servicios para las embarazadas.
En cuanto a la exigencia del gobierno central, Fernández Mañueco ha manifestado «estupefacción» porque asegura que ni ha recibido ningún requerimiento en forma de documento y que «no existe» ningún acuerdo en trámite sobre la materia.
