El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha anunciado hoy en comisión en el Parlament que el Govern asumirá la deuda eléctrica de 2021, y que intentarán a la vez condonar la de 2022. Se trata de las facturas que 41.000 familias vulnerables no pudieron pagar.
Según ha comentado el conseller, fue «una de las primeras decisiones que tomamos al aterrizar en la conselleria para empezar los trámites administrativos y poder dejarlo resuelto en los próximos días».
La última condonación de deuda se realizó en marzo del 2021, por lo que las entidades sociales llevaban casi tres meses pidiendo a la administración que cumpliera sus acuerdos y los compromisos adquiridos con Endesa.
Durante la comparecencia, Campuzano ha admitido que «una de las prioridades del Govern es afrontar el escenario de crisis y reforzar las redes de protección social, con especial atención a la pobreza energética». En este sentido, el conseller indicó que el 15,9% de los hogares catalanes no pueden permitirse mantener una temperatura adecuada, porcentaje que sube hasta el 16,9% en caso de familias con menores de 16 años.
El conseller ha denunciado que el bono social no funciona «de forma adecuada». Según datos del departamento, en Cataluña existen alrededor de 30.000 familias vulnerables que deberían recibir el bono eléctrico y no lo están haciendo, bien sea por la dificultad de cumplimentar las solicitudes, como por las condiciones de acceso o problemas burocráticos.
Por este motivo, Campuzano ha comentado que «hay que reformar el bono eléctrico, simplificar su acceso y ampliar su cobertura». Además, el titular de Derechos Sociales reclamó que el bono eléctrico «se gestione desde la Generalitat», al igual que se hace con el bono térmico.
