El pasado 13 de noviembre hubo una multitudinaria manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública. Cientos de miles de personas, que se dice pronto, salieron a las calles: 670.000 según los organizadores, 200.000 según la Delegación del Gobierno. Aunque la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso restaba importancia a lo ocurrido, cuatro días después se llegaría a un acuerdo con el sindicato Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid) para desconvocar la huelga indefinida en las urgencias extrahospitalarias. Sin embargo, se mantendrían los paros previstos entre los médicos de atención primaria y pediatría, a partir del día 21.
El pacto respecto a las urgencias extrahospitaliarias implicó que la Consejería de Sanidad aceptara que solo 49 centros de este tipo, y todos con equipo propio, se mantuviesen reabiertos y no los 78 que pretendía inicialmente, en 34 casos con atención por videollamada, como había anunciado la propia Comunidad de Madrid. Esto último había hecho saltar las alarmas entre facultativos y pacientes. La líder de la oposición, Mónica García, de Más Madrid, llegó a ridiculizar la propuesta compareciendo ante los medios con una tablet, en que ella misma emitía un mensaje a través de un vídeo grabado: “Si vas a urgencias y te atiende un plasma y no te atiende un médico, lo que se llama es una telechapuza”.
Si en el caso de la atención primaria y pediatría no se ha llegado a un acuerdo al cierre de esta edición, para Amyts es porque desde la Consejería de Sanidad no se propone una “financiación suficiente” y con ello reducir la ratio de pacientes atendidos por doctor. La secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, dejó clara su posición: “No rotundo a cualquier cosa que no suponga financiación”.
Ya en el número 1.463 de El Triangle denunciábamos que la Comunidad de Madrid, con Ayuso al frente, estaba enmascarando las cifras destinadas a la salud pública en 2022. Así, donde se anunciaba un incremento del 8,6% respecto a los presupuestos anteriores -recordemos: los de 2019, en el año prepandemia, y prorrogados dos veces-, en realidad se estaba proyectando menos inversión. Y es que si en 2019 se habían presupuestado 8.091 millones de euros para Sanidad, el gasto final ascendió a 8.962 millones. De este modo, los 8.783,8 millones previstos para 2022 suponían 178,2 millones menos que la inversión efectuada tres años atrás, en una maniobra cada vez más evidente (por más que se tratara de ocultar) de descapitalización de los servicios públicos de salud.
Bajando a la realidad cotidiana, como ha explicado Hernández de Amyts sobre la atención primaria, eso se traduce en que no se hayan cumplido los acuerdos tras la convocatoria de huelga anterior, es decir, una subida de los sueldos en 450 euros al mes o un límite de los pacientes en la agenda de citas de los centros. No olvidemos que en septiembre de 2020 los médicos de atención primaria ya anunciaron una huelga por la alta carga asistencial -de 50 a 60 pacientes al día, cuando se recomienda no pasar de 25 y su petición actual es de 31-. Entonces, con sus promesas el Gobierno de Ayuso logró evitar los paros, pero el incumplimiento ha llevado a la misma situación dos años después.
El que firma estas líneas vivió hasta el año pasado en Madrid, y durante casi 15. Todo el tiempo fui usuario de la sanidad pública, en la que creo profundamente. La primera vez que acudí a una extracción de sangre me sorprendió cómo nos situaban uno junto a otro en sillas que parecían de otro tiempo, mientras las auxiliares sanitarias daban lo mejor de sí mismas y ponían su mejor sonrisa.
Antes había vivido varios años en México, donde casi no usé los servicios de salud, y mis últimos recuerdos de la sanidad pública española eran de Barcelona, donde para unos análisis de sangre te sentaban en unas cómodas butacas. Las comparaciones son odiosas, porque mi sensación de vuelta a Catalunya es que la sanidad también aquí se ha deteriorado bastante ⸺solo hace falta ver las listas de espera⸺, pero en aquel momento me sorprendió el contraste.
En una de mis últimas asistencias en Madrid, a finales de 2020, desde la sanidad pública me derivaron a un centro privado. Es una práctica cada vez más común en los últimos años, también en Catalunya, como he vivido en estos meses. Son pasos, más o menos sutiles o evidentes, de privatización del que ha sido un servicio público eficiente cuando se le han destinado medios, porque preparación y actitud en su mayoría los sanitarios las tienen. Por eso, en lugar de jugar a hundir la flota, Ayuso y otros dirigentes políticos deberían tomar nota de algunos lemas de la manifestación del domingo 13: “La sanidad no se vende, se defiende”.
