La reforma del delito de sedición ha suscitado las críticas de entidades sociales por el “peligro” que podría suponer esta modificación para el derecho a la protesta. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) ha destacado las penas de prisión que contempla la reforma, las cuales pueden ser de hasta cinco años en el caso de acciones masivas donde haya “violencia o intimidación a las personas o las cosas”. “Es un grave ataque a nuestro derecho a la protesta”, asegura la PAH. En la misma línea, el Sindicat de Llogateres ha advertido que la propuesta de reforma del Código Penal podría comportar penas de prisión a personas que defiendan el derecho a la vivienda y “protesten en inmobiliarias u oficinas bancarias”.
La cooperativa jurídica Arrels Advocats, comprometida con la justicia social, también ha rechazado la modificación de la sedición y uno de sus miembros, Eduardo Cáliz, lo ha calificado de “ataque directo al derecho a la protesta”, puesto que incorpora un “concepto ancho de intimidación, incluye expresamente los cortes de vías, excluidos desde 2015” y, como también ha destacado el Sindicat de Llogateres, “incluye como delito con penas de prisión las manifestaciones en entidades bancarias o inmobiliarias, aunque sean pacíficas y estén abiertas al público”.
