La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado este martes la apertura de juicio oral contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad documental, presuntamente cometidos con el fraccionamiento de contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
El siguiente trámite es el trasladado de la apertura de juicio oral a las defensas, para que presenten sus escritos. Por último, cuando el TSJC haya recibido la documentación, fijará la fecha del juicio.
La resolución se ha dictado al día siguiente que el TSJC rechazara el último intento de Borràs para evitar el banquillo de los acusados. La presidenta del Parlament y de Junts había interpuesto un último recurso contra la denegación de la recusación que planteó contra un magistrado, que tampoco ha prosperado.
El juez instructor del caso, Jordi Seguí, concluyó que existen indicios de que Borràs participó, como directora de la ILC, en la adjudicación irregular de 18 contratos menores, presuntamente fraccionados y valorados en 330.442 euros, a su amigo Isaías Herrero, y que evitó el concurso público para favorecerle.
Borràs, procesada desde el pasado 29 de junio, afronta también una eventual suspensión como presidenta de la cámara catalana. El artículo 25.4 del reglamento estipula que cualquier diputado con un juicio abierto por presunta corrupción puede ser suspendido por el propio Parlamento, y Borràs no cuenta con el apoyo de los otros grupos parlamentarios para mantenerse en el cargo ahora que el TSJC la ha enviado a juicio.
