Junts per Catalunya ha reiterado su oposición de forma oficial a la mesa de diálogo liderada por Pedro Sánchez y Pere Aragonès y ha dado su apoyo a la presidenta de su partido, Laura Borràs, en el congreso posconvergente de hoy, sábado 16 de julio, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El secretario general, Jordi Turull, ha criticado a ERC por “socorrer” a Sánchez, que, en su opinión, está debilitado tras la derrota en las elecciones de Andalucía y atemorizado por un PP en auge.
El dirigente posconvergente ha sido tajante y ha dado a conocer la posición del partido. “Para hacer de socorristas de un naufragio electoral del PSOE que busquen a otros. Sánchez, para salvar la Moncloa, es capaz de ahogar a Catalunya”, ha indicado.
Turull ha asegurado que Junts no se dejará “arrastrar por cantos de sirena interesados y envenenados ni intimidar por las malas artes del Estado”. “Es una mesa que sirve para quedar. Más que una mesa, les iría bien que constituyesen un grupo de WhatsApp, que es lo que hace la mayoría de mortales cuando tiene que quedar. Un poco de seriedad y de dignidad”, ha comentado con sarcasmo.
La agenda de judicialización
Borràs ha criticado que la negociación de Esquerra con el ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos es una cortina de humo para tapar los problemas reales. “La agenda del reencuentro y de la concordia es la agenda de la judicialización creciente. Esta mesa solo quiere llevarnos a la parálisis, a la anestesia, a la rendición”, ha expresado.
La presidenta del Parlament ha recibido el apoyo de su partido frente a su causa judicial. La líder de Junts ha insistido en que es víctima de una persecución política por la acusación de delitos vinculados a la corrupción. “La represión es una estructura del Estado español”, ha sentenciado.
Apoyo de Junts a Borràs
Las directrices organizativas de la fuerza política, que todavía están pendientes de la convalidación de la militancia, permitirán a Borràs mantener el carnet de militante, aunque se siente en el banquillo de los acusados. La nueva ponencia ha defendido que los investigados y condenados por corrupción no serán apartados si la comisión de garantías considera que se trata de un caso de ‘lawfare’ (guerra jurídica), como opinan que es el de Borràs. Hay una enmienda del Berguedà que pide suprimir este supuesto y que se negociará hasta el último momento para intentar que se apruebe el texto base.
Según el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, Borràs sería apartada de sus funciones cuando tenga fecha para el juicio. Ella ha afirmado que su causa es política, que requiere de mayoría absoluta para que no siga en su cargo y, así, ha pasado la pelota al tejado de ERC.
