El juez del caso Pegasus da tres días al ministro Bolaños para responder un cuestionario

El titular de la Presidencia se acogió a la prerrogativa de declarar por escrito

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una reunión sobre la Guerra de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional (Gobierno de España)
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una reunión sobre la Guerra de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional (Gobierno de España).

El juez instructor del caso Pegasus en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha remitido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, un cuestionario de preguntas que él y el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, han elaborado para que las responda y las entregue en un plazo de tres días.

Bolaños contesta por escrito porque se ha acogido a la prerrogativa de hacerlo que tienen los miembros del gobierno, después de haber sido citado para declarar como testigo el 5 de julio, y de no haber aceptado la opción de declarar por videoconferencia propuesta por el juez.

Calama, en la providencia dictada este miércoles, indica que abrirá más adelante otro plazo para la formulación de más preguntas. El cuestionario que ahora debe responder Bolaños no incluye preguntas de la Abogacía del Estado, que representa al presidente Pedro Sánchez y sus ministros, ni las de la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) y la asociación de juristas Prolege, que fueron admitidas como acusación popular pero no han aportado todavía los 10.000 euros necesarios para poder personarse.

Por otra parte, Calama ha requerido al Centro Criptológico Nacional la presentación, en el plazo de siete días, de sus informes definitivos sobre los análisis de los terminales móviles del presidente Pedro Sánchez, y de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas, que sufrieron intrusiones o intentos de intrusión mediante el programa espía Pegasus.

Este juez inició la investigación de la parte del asunto Pegasus que afecta a Sánchez y sus ministros el pasado 26 de abril, a raíz de una denuncia de la Abogacía del Estado, por la presunta comisión de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

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