El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, ha cambiado de criterio sobre el aval presentado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat para que ERC recupere los 2,1 millones de euros que depositó como garantía de una eventual responsabilidad contable, en la causa de presunto desvío de fondos para la acción exterior de la Generalitat a favor del procés.
En una vista celebrada este martes en el Tribunal de Cuentas, Martín-Granizo ha argumentado que las cantidades que se reclamaron a ERC «ya están aseguradas» y que «no tiene ningún sentido mantener ese dinero».
El fiscal no sólo no se ha opuesto a sustituir la fianza y a devolver a ERC los importes depositados, sino que ha indicado que «no queda otra opción» que hacerlo, después de que la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas aceptara la validez de los avales facilitados por el ICF.
La entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana (SCC), en cambio, ha seguido sosteniendo que el depósito es «la forma más sencilla de cumplir» con el mandato del Tribunal, y se ha mostrado sorprendida con el giro del fiscal. SCC ha argumentado que los cargos de ERC se benefician de recibir el aval del ICF, lo que han descrito como una situación de privilegio que no está al alcance de otros ciudadanos.
