El barcelonismo, cuando menos quienes han tenido responsabilidad en el gobierno del club e influencia en un entorno que ha criminalizado especialmente la gestión de la junta de Rosell y de Bartomeu, debería reflexionar con facultades de las que hasta ahora no han hecho gala, con perspectiva y honestidad, sobre el papel degradante y destructor de las “cloacas del Estado” contra esa directiva y el encarnizamiento contra algunos de sus miembros, víctimas de graves perjuicios reputacionales, económicos, patrimoniales, familiares y también emocionales.
Las grabaciones de Villarejo están revelando detalles de conspiraciones definidas y concretas, injustificadas y plagadas de mentiras en contra de destacados barcelonistas que, por el simple hecho de formar parte del gobierno del club en un momento determinado, se convirtieron en el blanco de esa “policía patriótica” y de un “sottogoverno” judicial y mediático, al margen de la ley, capaz de provocarles verdaderos horrores y arruinarles la vida.
Ha sido el caso de Sandro Rosell, abierta y públicamente considerado como el gran torturado por el imperio de la corrupción y de las componendas de esa organización de las “cloacas”, o el recién destapado de Susana Monje (foto), empresaria de éxito, que primero fue tesorera con Rosell de presidente y luego la primera mujer de la historia del Barça en asumir la máxima responsabilidad en ese ámbito tan delicado, sensible y trascendente como vicepresidenta económica.
Susana Monje fue coaccionada por la propia policía del entorno de Villarejo, conminada a declarar contra Jordi Pujol, en concreto a destapar o a admitir y dar credibilidad al ‘zulo’ bancario en el que el ex-presidente de la Generalitat había ocultado 50 millones. O eso, o su vida sería un infierno, pues si no señalaba ese escándalo financiero de la familia Pujol, existiera o no,sufriría las consecuencias.
“Fue una forma de chantaje que me produjo ganas de vomitar después de reunirme en un hotel de Madrid con un alto cargo del cuerpo policial. Me dejó claro que tendría problemas si no colaboraba”, ha explicado por primera vez ayer en RAC1.
Susana Monje se opuso rotundamente a formar parte de una farsa de este calibre, se negó a esa coacción y hubo de sufrir las consecuencias de reiteradas informaciones en las que “siempre empezaban diciendo que la ‘directiva del FC Barcelona’ Susana Monje estaba involucrada en toda una serie de casos de estafa y otros delitos completamente falsos e inventados”.
El resultado fue, sobre todo por el impacto y deterioro de su imagen en el comercio internacional, que su empresa acabó presentando suspensión de pagos. Cuando empezó aquel calvario facturaba 500 millones anuales con un beneficio y ebitda de 40 millones y 10.000 empleados en 18 países.
“No tengo ninguna duda que nada de esto hubiera pasado si no hubiera formado parte de la directiva del FC Barcelona, cargo al que hube de renunciar para no perjudicar a la entidad”, ha explicado, denunciando que Sandro Rosell también acabó en prisión por culpa de esa misma trama desde Madrid contra el presunto nido independentista en que se había convertido aquella junta directiva.
“Yo nunca conocí a Jordi Pujol”, ha afirmado Monje, a punto de llorar varias veces a lo largo de una entrevista en la que ha admitido, también, su impotencia para defenderse ante la opinión pública y en los círculos empresariales una vez atrapada en una situación como ésta. “¿Quién iba a creerme si son gente que no se identifican, no dejan rastro y atacan a través de sus medios y canales?”, ha dicho.
Para dejar atrás esta pesadilla, Susana Monje intenta recuperar sus negocios “como puedo” y familiarmente “intentando vivir la única vida que tengo lo más feliz posible. Pero ha sido y aún es muy duro”.
Una experiencia oculta, sobrellevada en silencio, descarnada y condenable, como la sufrida por Sandro Rosell con daños y secuelas humanas y materiales prácticamente imposibles de reparar.
Otro directivo de Rosell, Ramon Cierco, vio, cómo de la noche a la mañana, su consolidado y prestigioso negocio familiar, la Banca Privada de Andorra (BPA), y su filial Banco Madrid, se hundía herido de muerte acusado formalmente de blanquear dinero de narcotraficantes y de otra serie de delitos que también las grabaciones de Villarejo y otros documentos, que comprometen las cúpulas judiciales y políticas del momento, han resultado ser inventados y manipulados.
La familia Cierco fue castigada por no avenirse a romper el secreto bancario, como le exigía la “policía patriótica” del Estado. Les pidieron compartir información sobre presuntas cuentas de personajes relevantes del independentismo catalán, incluido Jordi Pujol, que finalmente resultaron ser inexistentes.
Alguna agencia norteamericana, como en el caso de Rosell, participó también en la difusión de informes sin fundamento sobre prácticas financieras irregulares de la BPA.
En el año 2015, Josep Maria Bartomeu ya denunció en una entrevista al espacio ‘8 al día’, dirigido entonces por Josep Cuní, que algunas acciones de la junta del Barça podrían tener consecuencias, como “ceder el Camp Nou para el Concert de la Llibertat, jugar el Onze de Setembre con una camiseta con la ‘senyera’ o que la Via Catalana pasara por el Camp Nou; eso, seguro que no le ha gustado a determinada gente. Tampoco que, a título personal, haya directivos y jugadores que han ido a manifestaciones. Todo eso se nos ha vuelto en contra y, como consecuencia, veo que se nos pasa factura deportiva y factura política. Estoy convencido de que hay poderes del Estado a los que no les gusta este protagonismo e identidad catalana y catalanista del Barça. Tampoco les gustó que ficháramos a Neymar y me consta que directivos y jugadores de otros clubs no están sufriendo, como nosotros, un régimen tan fuerte de inspecciones fiscales. Uno de ellos es muy evidente, es el caso de Messi. El de Neymar también lo han convertido en un caso judicial que todos conocemos”.
El laportismo en general, la junta directiva y prensa cómplice, siguen reaccionando con un silencio tan encubridor como vergonzoso, como si no fuera con ellos ese ataque sin precedentes y directamente vinculado a la condición de directivos del Barça, una represión política admitida y reconocida en las grabaciones y en las actuaciones de ese aparato del Estado que ha podido actuar con una impunidad selectiva y discriminada contra una serie de barcelonistas.
La razón, abominable y repulsiva, radica en que Laporta y su entorno se han aprovechado de esta maquinación desde los bajos fondos de la política de Madrid para amplificar esa sensación mediática de que Rosell, Monje o Cierco no solo habían delinquido en sus negocios propios, sino que esas acusaciones, aunque eran montajes policiales sin amparo jurídico ni fundamento, refrendaban los argumentos de la prensa laportista y su poderoso aparato en las redes sociales, en el sentido de que también se dedicaban, o cuando menos eran sospechosos, de aplicar esas mismas malas artes en la administración azulgrana.
Joan Laporta, Elena Fort, Mike Camps y cualquier miembro de la junta actual no han demostrado ser mejores que Villarejo y sus compinches, pues no solo no se han posicionado en defensa de los barcelonistas masacrados por la policía reaccionaria e ilegal de las mazmorras del Estado, sino que han beneficiado, tolerado y utilizado la red homónima de los sótanos del Govern de la Generalitat para atacar también a sus enemigos en la lucha por el poder del palco del Camp Nou.
Aunque algunas voces internas, muy pocas y aún desafectas al talante cada vez más fascistoide del estilo de la directiva actual, han planteado reaccionar, denunciar estos hechos y rehabilitar ante el barcelonismo la imagen pública de los afectados, Laporta sólo está por homenajear a los comisionistas de su entorno, Darren Dein (Spotify), Pini Zahavi (Lewandowski) y Jorge Mendes (Trincao, Ansu Fati, etc.)
