Un administrativo de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) ha asegurado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que entre 2014 y 2016 la entonces directora del organismo, Laura Borràs, era quien le decía a quien debía adjudicar los contratos y él le obedecía porque no tenía capacidad de decisión.
Además, ha explicado que la Intervención de la Generalitat advirtió en 2014 al ILC que estaba abusando de los contratos menores y que debería realizar procedimientos negociados, con más publicidad. Borràs presentó alegaciones en el informe de Intervención diciendo que era totalmente legal realizar ese tipo de contratos.
Este administrativo, Borràs, Isaías Herrero y un amigo de este último están investigados por adjudicar irregularmente a dedo a Herrero, amigo de Borràs, varios contratos fraccionados relacionados con varios proyectos de la web del ILC.
El administrativo también ha explicado que en febrero del 2018, cuando Borràs ya había dejado el organismo para ser diputada de Junts al Parlament, le envió un mensaje de voz pidiéndole que la próxima vez que los Mossos d’Esquadra fueran a la entidad para investigar los contratos sospechosos él le avisara. El hombre le respondió que así lo haría.
En junio siguiente, cuando Borràs ya era consejera de Cultura, volvió a enviar un mensaje de voz al administrativo preguntándole cómo estaba la tramitación de una factura impagada a Herrero. El administrativo no le respondió.
