El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales otros tres artículos de la ley catalana que regula el precio del alquiler. En este caso, a raíz de un recurso interpuesto por el gobierno de España, ha anulado las disposiciones referentes al régimen sancionador y la obligación de anunciar el precio del anterior contrato cuando se anuncia un piso de alquiler (artículo 14 y apartado primero del artículo 16, respectivamente), y las relativas a la obligación para los grandes propietarios de acreditar documentalmente que han ofrecido un alquiler social o un realojamiento a familias vulnerables, y de comunicarlo al juzgado antes de denunciar impago (artículos 17 y 18).
Este mes de marzo, el Constitucional había anulado en gran parte la Ley catalana 11/2020, de regulación del precio del alquiler, a raíz de un recurso presentado por el Partido Popular (PP). En aquella ocasión, tumbó artículos contra los que también había recurrido el gobierno central, por lo que ya no entra a valorarlos de nuevo.
El Constitucional ha anulado ya una decena de artículos de esta ley catalana porque, básicamente, concluye que la Generalitat no dispone en sus atribuciones sobre derecho civil suficientes competencias para legislar aspectos básicos del derecho civil, que la Constitución otorga en exclusiva al Estado central.
