El proyecto para la construcción de una enorme residencia de estudiantes al Paral·lel, aprobado por el consejo municipal del Ayuntamiento de Barcelona el 28 de enero pasado, está lleno de irregularidades. Así lo pone de manifiesto el recurso que ha presentado el abogado Fernando Martínez Iglesias, en nombre de la sociedad Aquaclin Consulting SL.
Este proyecto lo promueve una filial del grupo inversor canadiense Brookfield y tendrá una capacidad de 465 plazas. En el sector inmobiliario, las residencias de estudiantes se consideran el negocio más rentable, puesto que permiten una alta densidad de ocupación. En el caso de la residencia del Paral·lel, las habitaciones individuales tendrán solo 7 m² y las dobles, 12 m².
Según el recurso presentado por el abogado Fernando Martínez Iglesias, la tramitación de este proyecto urbanístico presenta múltiples ilegalidades. En primer lugar, porque el Ayuntamiento nunca resolvió debidamente, como era su obligación, las alegaciones presentadas por Aquaclin Consulting SL a los convenios municipales firmados con la filial del grupo inversor Brookfield.
Estos convenios también serían nulos y habrían perdido vigencia, porque la empresa promotora no cumplió los plazos que se fijaban, tanto en cuanto a la aprobación definitiva del proyecto urbanístico como la adquisición de los terrenos.
En su recurso, el abogado Fernando Martínez Iglesias remarca que, según los convenios firmados, el Plan especial urbanístico integral y de mejora urbana de esta zona del Paralelo se tendría que haber aprobado antes del 31 de julio del año pasado. Como que no se ha cumplido esta cláusula, entiende que toda la tramitación posterior del proyecto es ilegal.
Además, señala que la empresa promotora tampoco respetó el plazo fijado para materializar las opciones de compra de las fincas afectadas, y que esto también invalida el procedimiento. Uno de los locales que se tendrán que derrocar para construir la futura residencia de estudiantes lo ocupa, en régimen de alquiler, la empresa Aquaclin Consulting SL, que tiene un contrato firmado hasta el año 2029. El abogado Fernando Martínez Iglesias ha anunciado a EL TRIANGLE que elevará este caso a los juzgados.
Los comunes quieren continuar chupando
Queda poco más de un año para las elecciones municipales, que, en el caso de la ciudad de Barcelona, se presentan más abiertas e inciertas que nunca. Al equipo de Ada Colau y de sus colaboradores les tiemblan las piernas, puesto que temen que pueden quedar fuera del próximo gobierno municipal.
El miedo a recibir un fuerte castigo en las urnas explica un movimiento que ha causado estupor e indignación: altos cargos de Barcelona en común (BeC) se han presentado a las oposiciones para conseguir una plaza fija de trabajo en el Ayuntamiento.
Las primeras pruebas de estas oposiciones se celebraron el día 19 de marzo y los aspirantes tenían que hacer una maceta de aptitud, demostrar competencias en Word y Excel, el dominio de una lengua extranjera y llenar un cuestionario de personalidad . Entre los 16.000 aspirantes había un puñado que, actualmente, ocupan cargos de confianza en el círculo de Ada Colau:
.Eloi Badia, regidor de Acción Climática y Transición Ecológica.
.Su pareja, Tatiana Guerrero, asesora de la tenencia de alcaldía de Derechos Sociales.
.Enrique Gornés, jefe de gabinete de Eloi Badia.
.Marc Rius, jefe de gabinete de la teniente de alcaldía Janet Sanz.
.Roger Clot, asesor de Janet Sanz.
.Vanesa Valiño, jefe de gabinete de la concejalía de Vivienda.
.Carles Spa, asesor de presidencia del Ayuntamiento.
Ante el escándalo suscitado, el regidor Eloi Badia ha anunciado que abandonaba este proceso de selección para ser funcionario. ”Se me ha utilizado para perjudicar el Ayuntamiento”, ha dicho.
