La Mesa del Parlament activó el pasado 18 de enero el protocolo de prevención, detección, abordaje y resolución del acoso psicológico a raíz de una denuncia presentada por una de las integrantes del organismo de transparencia de la Cámara contra el ex-letrado mayor Antoni Bayona, por las actitudes de éste. Según ha publicado la agencia Efe, los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2021, cuando la archivera Blanca Martínez envió un escrito a la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, presentando su dimisión.
En este documento, al que ha accedido el medio citado, Martínez aseguró que Bayona reaccionó a unas apreciaciones hechas por sí misma de forma «extemporánea y desmedida, con acusaciones inconcretas pero contundentes de no actuar con imparcialidad y deslealtad». Unos comentarios que estarían relacionados con la solicitud de información del diario Ara en relación con las licencias por edad del Parlament.
La funcionaria denunciante manifestó en el escrito sus discrepancias respecto a la interpretación que el ex-letrado hacía «de un punto concreto» de una resolución sobre el caso de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (Ogdaip), el organismo de transparencia de la Cámara, y señala que la reacción de Bayona «no es propia de quien pertenece a un organismo colegiado, que como tal debe tener como fundamentos de su trabajo el debate y el consenso, y que debería basar su funcionamiento en el respeto a las personas, sus ideas y la libertad de expresarlas».
El ex-letrado del Parlament dimitió un mes después argumentando que Ogdaip «no está en condiciones de garantizar el adecuado cumplimiento de las resoluciones adoptadas sobre reclamaciones presentadas por los ciudadanos que han ejercido el derecho de acceso a la información». Además, una semana después de activar el protocolo antiacoso psicológico, Bayona acusó a Andreu de obstaculizar el trabajo del organismo de transparencia en cuanto a las licencias por edad, en una carta enviada a todos los miembros de la Mesa. La secretaria general de la Cámara catalana negó las acusaciones y aseguró que el bloqueo se produjo por «la actitud y comportamiento del letrado respecto a otra miembro del organismo».
