El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado parte de la ley sobre el impuesto de plusvalía municipal, al considerar que no se puede obligar al pago del impuesto si no ha habido un incremento real del precio del terreno. Una decisión que afecta a una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos del país.
Se trata de un impuesto que cobran los ayuntamientos al considerar que siempre existe un aumento en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, con independencia de si ha existido o no ese incremento del precio y la cuantía real de dicho incremento.
Por ello, el pleno del TC ha anulado varios puntos de la ley reguladora de las haciendas locales de 2004 promovida por el gobierno de José María Aznar justo antes de las elecciones que ganó José Luis Zapatero.
Con esta sentencia, que se dará a conocer íntegramente en los próximos días, será imposible que los ayuntamientos sigan cobrando la plusvalía municipal.
Esto supone la estocada final para este impuesto, que en 2019 el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional, y dos años antes, en 2017, el TC declaró inconstitucionales dos artículos del Real Decreto porque se sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor del inmueble.
Así, la nueva decisión del Tribunal Constitucional supone el fin definitivo de uno de los impuestos que han supuesto una importante fuente de financiación para los ayuntamientos, con competencias sobre el cobro.
