La doctrina del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española (CEE) es muy clara y contundente: la maternidad subrogada, es decir, el encargo y la compra de un bebé a su madre gestante a cambio de dinero es una aberración y una inmoralidad contraria a los valores cristianos. En palabras del portavoz de la CEE, el ‘vientre de alquiler’ es “una explotación de la mujer y del niño que tiene que nacer, que se convierte en un objeto de consumo”. Y añade: “Los niños y las mujeres no tienen precio, solo tienen dignidad”.
Por eso, la Iglesia católica es totalmente contraria al negocio de los ‘vientres de alquiler’. A las parejas que quieren tener hijos y no pueden les aconseja “la adopción o la acogida”. El copríncipe de Andorra y arzobispo de la Seu d’Urgell, Joan-Enric Vives, que es miembro de la CEE, donde ocupa actualmente el cargo de presidente de la comisión para el clero y los seminarios y forma parte de su comisión permanente, es perfectamente conocedor de esta condena rotunda del Vaticano a la “moda” de comprar bebés a mujeres que cobran por parir por encargo y que, a continuación, transfieren su hijo a los “clientes”.
Solo es legal en nueve países
Andorra es un país pequeño, donde prácticamente todo el mundo se conoce, y por eso se sabe que algunas parejas del Principado han “comprado” en los últimos años bebés gestados por madres subrogadas a cambio de fuertes sumas de dinero. La gran mayoría de los países prohíben el negocio de los ‘vientres de alquiler’, pero hay nueve excepciones: en Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Reino Unido, Australia e India esta modalidad reproductiva está permitida para los extranjeros, pero con matices.
Las parejas homosexuales y los hombres solos, por ejemplo, tienen muy restringido el acceso a la gestación subrogada. Solo la legislación canadiense y la de algunos estados de los Estados Unidos permiten este método reproductivo para este modelo de familia.
No solo el Vaticano es frontalmente contrario a los ‘vientres de alquiler’. También está en contra el copríncipe francés, Emmanuel Macron, ya que esta práctica, después de un intenso debate público, se ha decidido que está totalmente prohibida en el país vecino. Es más, Francia impide que las parejas que compran un bebé en el extranjero lo puedan inscribir como hijo suyo y tienen que legalizarlo como “adoptado”. Esta doctrina de las autoridades francesas ha sido avalada por una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).
Y una curiosidad: en esta cuestión, las feministas y la Iglesia católica –que son como el agua y el aceite- están de acuerdo. Las feministas más concienciadas afirman que la gestación subrogada “no libera a las mujeres ni reduce el poder de la sociedad sobre ellas: es una nueva forma de dominación de género, de clase y económica, puesto que se asume que las mujeres tienen que querer ser madres, se explota a la gestante y se aprovecha de su necesidad económica para hacer uso de su cuerpo”.
“Nulo de pleno derecho”
La legislación andorrana también prohíbe los ‘vientres de alquiler’. Así lo explicita la Ley 12/2019 de técnicas de reproducción humana asistida, aprobada por el Consejo General el 15 de febrero del año 2019. En su artículo 12, sobre la gestación por sustitución, dice: “Es nulo de pleno derecho el contrato por el cual se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero”.
Aun así, existe constancia documental de un caso especialmente llamativo: un consejero general (diputado), miembro de la mayoría gubernamental de Demócratas por Andorra (DA), y su pareja compraron el año pasado una niña por el polémico sistema del ‘vientre de alquiler’. La transacción se hizo en el estado de Oregón, uno de los que tiene la legislación más laxa de los Estados Unidos para la práctica de la gestación subrogada. Según el portal babygest.com, la compra de un bebé por el sistema de ‘vientre de alquiler’ cuesta en el estado de Oregón entre 110.000 y 160.000 euros.
El copríncipe episcopal, Joan-Enric Vives, ha convertido en una “cruzada personal” su oposición radical a la legalización del aborto en Andorra que, en realidad, solo penaliza a las mujeres trabajadoras, con pocos recursos económicos. Incluso ha amenazado con presentar la renuncia al cargo y provocar una gravísima crisis institucional en el Principado si el gobierno o el Consejo General aprueban, algún día, el aborto en los tres supuestos que contemplan la práctica totalidad de los países de la Unión Europea.
En cambio, al arzobispo de la Seu d’Urgell le marcan goles clamorosos por debajo de las piernas, como la entrada y legalización en el Principado de bebés comprados en el extranjero a madres contratadas para parir. A buen seguro que lo sabe, porque, como mínimo, el caso de este consejero general y de su pareja “canta” y es conocido en la alta sociedad andorrana, pero prefiere cerrar los ojos y callar, por miedo a enfrentarse a poderosas familias de su obispado, en especial a la abuela de la criatura.
