ERC paga las fianzas de Puigdemont y sus ‘consellers’ tras el rechazo del Tribunal de Cuentas al aval del ICF

La Generalitat ya prepara el recurso ante el órgano fiscalizador, pero las actuaciones acordadas por éste no se detienen

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en el Parlament de Catalunya

Esquerra Republicana ha avanzado al Tribunal de Cuentas parte de la fianza de 5,4 millones de euros que el órgano fiscalizador reclama a Carles Puigdemont y al resto de ‘consellers’ entre 2016 y 2017. Se trata concretamente de los gastos imputables a todas las personas que tuvieron responsabilidades de Govern entre esos años en relación a la acción exterior de la Generalitat, informa El Periódico. Los republicanos han adelantado parte del importe después de que se rechazara el aval que el ejecutivo catalán presentó a través del Institut Català de Finances (ICF).

Mientras tanto, el Govern continúa estudiando los argumentos jurídicos con los que se presentará el recurso ante el Tribunal de Cuentas. Según el citado medio, su propia ley de funcionamiento prevé la posibilidad de que se presente recurso contra sus decisiones ante la Sala de Justicia del organismo durante los cinco días posteriores a la notificación de la resolución «sin que ello implique la suspensión de las actuaciones». Así, mientras se resuelve el recurso, el embargo de bienes continuaría. Cabe recordar que la decisión del Govern contó con el respaldo del Consell de Garanties Estatutàries y que la Abogacía del Estado no opuso objeciones.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado esta mañana de «inhumano y antidemocrático» el rechazo del Tribunal de Cuentas al aval de la Generalitat. De hecho, su partido ha anunciado que las defensas de los afectados recurrirán a «todas las instancias posibles» y activarán «todos los instrumentos legales al alcance» para denunciar lo que califican de «injusticia».

También ha movido ficha el síndic de Greuges, Rafael Ribó, que ha elevado al Consejo de Europa y a la Comisaria Europea de Derechos Humanos la decisión del Tribunal de Cuentas “en defensa del Estado de derecho.

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