Pere Aragonès acusa de «chantaje» a la Moncloa y de no querer invertir

El presidente de la Generalitat recuerda que los pactos deben hacerse desde el "consenso"

Pere Aragonès
Pere Aragonès

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que el anuncio del gobierno español de suspender la inversión de 1.700 millones prevista para ampliar el aeropuerto del Prat demuestra que el plan era «un chantaje». Mientras La Moncloa habla de falta de apoyo de la Generalitat, Aragonès cree que la retirada de la inyección demuestra que «nunca han querido invertir» en el aeropuerto.

El presidente lamenta que se hayan enterado de la noticia al mismo tiempo que los medios de comunicación y ha reprochado a La Moncloa que se haya hecho atrás en vez de buscar el consenso. «Las inversiones, y más en el caso de una de tanta transcendència, deben llevarse a cabo mediante el diálogo y consenso, nunca desde la imposición», ha escrito en Twitter.

Antes, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, acusó a La Moncloa de la rotura «unilateral» del pacto. «Lamentar la decisión que ha tomado el gobierno del Estado, que ha roto unilateralmente un acuerdo que representaba una inversión muy importante para Cataluña», ha afirmado desde Bruselas.

Desde el PSC lamentan la decisión tomada por el gobierno central, y culpan a la Generalitat. El presidente del partido, Salvador Illa, acusa al gobierno de Aragonès «de ambiguo», mientras que el también socialista Jaume Collboni, primer teniente de alcalde en el ayuntamiento de Barcelona, ​​habla de «falta de liderazgo e irresponsabilidad».

Por otra parte, la líder de los Comunes Jéssica Albiach ha celebrado la noticia, que considera una «victoria social». En la misma línea se pronuncia Eulàlia Reguant, de la CUP, que ha pedido el fin de las apuestas por «pelotazos insostenibles precarios e incompatibles con la ley contra el cambio climático».

Por su parte, el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, celebró que se haya impuesto «el sentido común», aunque no cierra la puerta a una reactivación de las negociaciones. Eso sí, ha exigido a la Generalitat las explicaciones «que hace tiempo que pedimos».

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