La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación sobre la concesión de avales por parte la Generalitat a ex-altos cargos catalanes encausados por el Tribunal de Cuentas, por la acción exterior de los gobiernos que presidieron Artur Mas y Carles Puigdemont.
La investigación tiene su origen en una denuncia de Ciudadanos, que pone en el punto de mira la decisión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de aceptar avalar las fianzas de los antiguos altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros.
El partido que encabeza en Cataluña Carlos Carrizosa considera que se produjo un delito de malversación en el que el ICF tuvo como cooperadores necesarios a los miembros del gobierno catalán. Cs indica que el decreto aprobado por el gobierno, que creó el llamado Fondo Complementario de Riesgos, dotado con 10 millones de euros, fue el «presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta».
La denuncia ha sido parcialmente admitida, ya que quedan al margen de la investigación el presidente catalán, Pere Aragonès, y los miembros de su gobierno porque están aforados y hay una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que les afecta, presentada por la entidad Convivencia Cívica Catalana.
