La crisis socioeconómica de la covid-19 se ha ensañado en Cataluña, y los datos ya son preocupantes, 1.010 empresas catalanas se han declarado insolventes y han presentado un concurso de acreedores. Después de Cataluña, y a cierta distancia, se encuentran Madrid, con 818 empresas y València con 631.
Las cifras, pero, representan un 14% menos de las empresas que se declararon en quiebra en 2019, pero este dato no se ajusta a la realidad según explica Carlos Pavón, socio director de Gaula Abogados, especialistas en insolvencia empresarial: «Ante la grave crisis de la covid se esperaba una avalancha de solicitudes de concurso de acreedores en 2020, pero las moratorias promovidas por el gobierno (central) conceden tiempo a las empresas antes de hacer frente a una inevitable situación de insolvencia». Voces del sector ya han advertido del aumento de empresas zombis, es decir, inviables, pero que continúan recibiendo las ayudas que las mantienen con vida.
Desde marzo de 2019, cuando se decretó el estado de alarma, el gobierno central ha extendido en cinco ocasiones la moratoria concursal a través de ayudas a ERTE, con el objetivo de aligerar los costes de personal a las empresas. La última fecha aprobada por el Real Decreto, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. El ejecutivo central ha destinado más de 1.100 millones de euros por los ERTE, pero los especialistas en insolvencia empresarial prevén una avalancha de concursos de acreedores cuando acaben las moratorias, puesto que estos aplazamientos no consiguen solucionar el problema sino únicamente posponerlo. Las empresas más jóvenes, de menos de ocho años, y las más antiguas, con más de veinte años, son las que más se han acogido en este recurso del concurso de acreedores. Por sectores, la construcción y el comercio son los que más se han declarado en quiebra.
