Andorra es, junto con Malta y el Vaticano, el único Estado europeo donde está prohibido el aborto, en ninguno de los tres supuestos más habituales. En el caso del país de los Pirineos, esta prohibición es consecuencia directa de la exigencia del copríncipe episcopal de la Seu d’Urgell, Joan-Enric Vives, que se opone rotundamente y que ha amenazado de dimitir de su cargo institucional si algún día el Consejo General (Parlamento) aprueba su despenalización.
Esto ha provocado que un total de 146 mujeres residentes en Andorra fueran a abortar en Cataluña el 2019, lo que representa un incremento del 15% respecto al año 2018. Los datos los ha facilitado el departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y representan un crecimiento de 22 mujeres con relación a las que lo hicieron el 2018. El perfil mayoritario corresponde a mujeres solteras, asalariadas y con estudios hasta bachillerato.
Según denuncian las asociaciones en defensa del aborto del Principado, una mujer andorrana paga unos 1.000 euros por aborto quirúrgico y unos 300 euros por abortar con fármacos. Hay que tener presente que a las 146 mujeres andorranas que en 2019 decidieron interrumpir voluntariamente el embarazo hay que sumar también las que lo hacen en territorio francés. De éstas, sin embargo, no hay cifras oficiales.
