Facturas pagadas antes de la fecha de emisión, dinero descontrolado, expedientes irregulares, falta de verificación de gastos, informes denegatorios de subvenciones que no se tienen en cuenta, facturas idénticas emitidas por diferentes prestatarios, actas sin firmar, presiones políticas… Este compendio de anomalías no es una invención. Es el resumen de la situación con que se encontraron tanto la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional como la Guardia Civil al investigar las subvenciones vinculadas a la Fundación CATmón y a la Asociación Igman, percibidas desde la Diputación de Barcelona, cuando en esta institución mandaba el convergente Salvador Esteve.
Detrás de estas dos entidades se encuentran dos políticos de renombre: Víctor Terradellas, antiguo responsable de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), y Francesc de Dalmases, actual diputado de Junts per Catalunya (JxCat). Terradellas fue detenido el 2018 y las pruebas que se encontraron en poder suyo provocaron el inicio otras investigaciones que desembocaron el pasado mes de octubre en la detención de una veintena de personas en el marco de la operación Volhov, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
Entre los detenidos estaba el antiguo responsable de Comunicación de CDC David Madí, mano derecha de Artur Mas, el antiguo consejero de Gobernación y secretario de Organización de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler, el presidente de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, Xavier Vinyals, así como varios empresarios y altos cargos de la Generalitat.
Un voluminoso expediente
De Dalmases, sin embargo, se ha mantenido en la política activa, ajeno a los problemas judiciales que llevaron a su socio y amigo, Víctor Terradellas, a los calabozos. Pero su suerte puede cambiar, porque ya está ultimado un voluminoso expediente que remite al TSJC las aventuras de Francesc de Dalmases en la fundación CATmón y la Asociación Igman. Un cúmulo de irregularidades ponen a la picota al actual diputado, caso del cual el juez Aguirre se tiene que desprender porque, a causa de su condición de parlamentario, es aforado. Por este motivo el asunto irá al TSJC para que sea este tribunal el que decida si pide el suplicatorio al Parlamento para su investigación.
Los presuntos delitos de los cuales puede ser acusado De Dalmases son los de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación administrativa y tráfico de influencias. No es una cuestión menor: la malversación está castigada con penas de prisión que van de dos a seis años, pero esta pena se dispara en prisión de cuatro a ocho años si la cantidad apropiada excede los 50.000 euros.
Según un auto judicial, Francesc Dalmases y Víctor Terradellas fueron los creadores de la fundación CATmón y de la Asociación Igman. En las cuentas bancarias de CATmón, las firmas autorizadas eran De Dalmases, Judit Aixalà (cargo de la entidad y pareja de Víctor Terradellas) y Joaquim Milla. Además, se considera acreditado que, a partir del 2012, los principales ingresos monetarios de De Dalmases provienen de CATmón, que le paga “servicios profesionales”.
En Igman, De Dalmases era el presidente, mientras que el tesorero era Francesc Parés, y la representante ante Hacienda, Judit Aixalà. Por si esto no fuera suficiente, en el acta fundacional de Igman, la primera sede donde se sitúa la entidad es el domicilio particular de Francesc de Dalmases. La vinculación de CATmón e Igman es evidente, puesto que además de tener los mismos fundadores, comparten directivos y sede, en la calle Fonollar de Barcelona.
Todo sería más o menos normal si no fuera porque en esta misma sede hay dos entidades más: una de ellas es la firma Estudilogo, nombre comercial de la empresa Discatimat, hacia la cual se van cuantiosos fondos desde las dos entidades sin ánimo de lucro.
Numerosas irregularidades
Oficialmente, detrás de Discatimat está Joaquim Milla, que tiene firma autorizada en CATmón. Pero también en esta sede se encuentra la oficina de Òmnium Cultural de Ciutat Vella. Se trata, pues, de un nudo de intereses político-económicos de difícil concreción, pero que tiene en Terradellas y en De Dalmases a sus principales protagonistas.
Un informe de la UDEF señala que la fundación CATmón presentó como justificación de gastos de proyectos por los cuales recibió subvenciones “diversas facturas para el pago de los servicios de De Dalmases para tareas de dirección de la revista ONGC”. Sin embargo, este mismo informe destaca que algunas de estas facturas “fueron pagadas a De Dalmases con anterioridad a su emisión”. Se trata, pues, de hechos relevantes que lanzan sospechas que en lo que pasaba en la sede de la calle Fonollar había gato encerrado.
Un informe de la Guardia Civil datado el 7 de noviembre del 2019 destaca que el 2015 De Dalmases giró seis facturas a CATmón por 17.478 euros, que no se deberían haber pagado por ser incompatibles con su cargo. “Tanto la expedición de certificados acreditando no haber recibido otras subvenciones para una misma actividad, como las facturas duplicadas, como la contratación del mismo Francesc de Dalmases, íntimamente ligado a CATmón, son hechos que reflejan la intencionalidad de falsear el cumplimiento de los requisitos para recibir subvenciones y poder justificarlas”, añade el informe.
La arbitraria utilización de los fondos era tan caótica que en algún justificante de transferencia “se indican ‘tareas de dirección de la revista CIV, Catalan International View’, cuando la subvención iba destinada en la revista ONGC”, indica la UDEF. Así mismo, se detectaron otras irregularidades notables: “Hay técnicos que emiten informes negativos sobre justificación de proyectos por exceder el máximo de gastos indirectos y por la vinculación con el beneficiario, refiriéndose a la prohibición establecida por la Ley General de Subvenciones y a los pagos a De Dalmases, aunque, al final, las facturas son admitidas”, detalla un acto del juez Joaquín Aguirre.
Es lo que pasó, por ejemplo, con una subvención en la cual se enterraron 52.800 euros para una Guía digital turística de Opstina Trnovo, proyecto (participado, entre otros, por Igman y Discatimat) que varios técnicos no aprobaron el 2015 y que se acabó financiando el 2016.
En otro de los expedientes del 2015, el presidente de la Diputación, Salvador Esteve, otorgó 28.650 euros a Igman para el proyecto “Consolidar la presencia de los gobiernos locales” en la revista ONGC. Y Jordi Castells, entonces director de Relaciones Internacionales de la Diputación y hoy subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat, le concedió otra subvención a CATmón de 49.918 euros para la “Difusión del mundo local a través de la revista Catalan International View”. En esta ocasión no hubo informes de los técnicos.
Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se dieron cuenta que algo no cuadraba en la ingente cantidad de fondos públicos que se iban desde la Diputación hacia las entidades que administraban la curiosa pareja Terradellas-De Dalmases. “Todos los expedientes son irregulares, presentan un gran desorden e incoherencias, y muestran dejadez en la presentación de documentación por parte de los beneficiarios”, relatan los investigadores.
Además, destacan que “son frecuentes los informes denegatorios de los técnicos, aunque finalmente se cierren los expedientes con informe justificativo final positivo”. Las notables irregularidades se ven también en la formulación de las propuestas de los proyectos que tenían que ser subvencionados. La falta de motivación es tan grande que algunos de estos proyectos tuvieron que ser reformulados “por su falta de adecuación a las bases”.
Algunos de estos proyectos se referían a programas realizados en Bosnia, un país en el cual Terradellas tenía muy buenos contactos políticos. Sin embargo, los investigadores se encontraron que en estos proyectos “faltaba una verificación suficiente de las actividades de formación”. En otras palabras: era imposible determinar si el dinero se habían gastado en los proyectos que figuraban sobre el papel.
Presiones políticas
Los informes policiales también recogen que algunos gastos se justificaban con facturas que llevaban fecha posterior a la transferencia bancaria, que había facturas emitidas por diferentes personas físicas que llevaban exactamente los mismos conceptos que las facturas presentadas por Discatimat (la empresa que compartía sede con CATmón e Igman) y que “algunas de las subvenciones se otorgaron de manera directa, sin concurso público, ‘atendido el hecho de la singularidad del proyecto, que no hacía viable la convocatoria pública de la subvención’”.
Aquí aparece la figura de Jordi Castells, responsable de Internacional de la Diputación, de quien se apunta que podría tener “un presumible interés en beneficiar por algún motivo personal a las personas del grupo CATmón-Igman”. Y los investigadores no se quedan aquí: destacan que “hay indicios que los técnicos de la Diputación de Barcelona podrían haber sido presionados por Castells para que emitieran informes favorables al otorgamiento de ciertas subvenciones, a pesar de su dictamen inicial en contra. Así consta en un informe de la Agencia Catalana de Salud incorporado a las actuaciones a raíz de una denuncia sindical sobre presiones a los técnicos de la Diputación de Barcelona que trabajaban en la oficina de Cooperación al Desarrollo”.
Castells fue fichado más tarde por la Generalitat, por lo cual tanto la Guardia Civil como el juez señalan en sus escritos que “en la actualidad resulta muy probable que siga teniendo relaciones personales y profesionales con estas entidades”.
De momento, la justicia va detrás de subvenciones por más de 2 millones de euros a CATmón repartidas en varios ejercicios. Este dinero, sospechan los investigadores, “podría haberse destinado al pago de gastos particulares de miembros de CATmón y/o a la realización de viajes y entrevistas referentes a la independencia de Cataluña y, por lo tanto, ajenas al ámbito propio de CATmón y a la finalidad por la cual se destinaron las subvenciones”.
En cuanto a Francesc de Dalmases, el aforamiento judicial del diputado de JxCat ha provocado que no haya podido ser investigado hasta ahora. Será el TSJC quién, muy pronto, se hará cargo de las investigaciones sobre el uso supuestamente indebido de las subvenciones.
*El contenido íntegro de este reportaje puede leerse en la revista EL TRIANGLE de esta semana
