El pilar esencial de la sanidad, como de otros macrosistemas de servicios, son los profesionales. Es prácticamente imposible que funcionen correctamente, con los necesarios niveles de calidad y seguridad, si sus recursos humanos no son suficientes, no están motivados o trabajan en contextos organizativos y laborales desfavorables.
Las políticas desarrolladas en España en el ámbito sanitario no han prestado la atención debida a los distintos colectivos profesionales desde hace más de 30 años. Se dice pronto pero es una eternidad. Pareciera como si los responsables de diseñarlas y de gestionar los centros y servicios se hubieran olvidado de que las consultas, las intervenciones y las tecnologías no funcionarán bien si no están atendidas por profesionales competentes y motivados.
Muchos analistas sanitarios están convencidos de que este olvido no es casual, que es intencionado y está dirigido, más o menos explícitamente, a socavar las políticas sociales públicas y, con ello, el estado y sociedad de bienestar. Es muy posible que no les falte razón y que estemos asistiendo con pasividad culposa al triunfo de planteamientos centrados en la contradicción que supone pregonar declarativamente la necesidad de disponer de potentes sistemas de servicios públicos en ámbitos como el sanitario y el educativo mientras se les niega el recurso imprescindible para garantizar su buen funcionamiento. Esta contradicción es aún más llamativa cuando es asumida por gobiernos que se autocalifican de progresistas o de izquierdas.
El síndrome del profesional “quemado” es cada vez más habitual en el ámbito sanitario y expresa el hartazgo de los que trabajan en este campo tras años de padecer condiciones desfavorables en el desempeño de su actividad, condiciones que les llevan no solamente a perder la motivación si no también, lo que es más grave, a abandonar toda esperanza de mejora en el futuro. En estas circunstancias es imposible evitar el deterioro progresivo de la calidad y seguridad del sistema y que se puedan alcanzar objetivos de innovación y progreso.
Se podría pensar que este síndrome afecta sólo o principalmente a los médicos pero no es así. Las enfermeras, los técnicos que trabajan en sanidad, los trabajadores sociales y los administrativos sanitarios, entre otros, participan también de este hartazgo ya que comparten con los primeros los mismos o muy parecidos problemas laborales y profesionales.
Los gobiernos de España y sus comunidades autónomas asisten impávidos desde hace años a la emigración de un número considerable de profesionales sanitarios a la búsqueda de mejoras significativas de sus condiciones vitales y de trabajo, o al menos de las económicas, en otros países de Europa y América mientras que en nuestro mercado laboral existen dificultades crecientes para cubrir las necesidades en determinadas profesiones, especialidades y ámbitos geográficos.
A los problemas derivados de unas condiciones laborales marcadas por la precariedad en la contratación, la rigidez y las dificultades para la conciliación familiar se suma la ausencia secular de una planificación mínimamente fiable y coordinada de las necesidades de recursos humanos de nuestro sistema sanitario, tanto desde la perspectiva estatal como autonómica y local. Sirva de ejemplo el hecho de que aún carecemos de un registro estatal de profesionales operativo y fiable que nos permita saber cuántos, dónde, con que dedicación y en que especialidad trabajan y ello a pesar de que ya hace ahora 18 años que se instó legalmente a su diseño e implantación.
La actual pandemia de la Covid-19 ha sacado a la palestra pública esta situación evidenciando las dificultades de los gobiernos autonómicos para cubrir las necesidades emergentes generadas en todas las profesiones del ámbito sanitario pero con incidencia especial en la de enfermería. Pero lo más grave es que, en este marco previo de deterioro profesional, los responsables gubernamentales se han mostrado incapaces de generar ofertas de trabajo atractivas y estables y han seguido manteniendo, o incluso potenciando, la precariedad laboral con contratos temporales de corta duración y remuneraciones a todas luces escasas. Hasta han tenido que emplear tácticas coercitivas para lograr cubrir las plazas de los centros hospitalarios abiertos a raíz de la pandemia.
Nuestro sistema sanitario, más aún con la pandemia, está tensionado por graves problemas estratégicos y de financiación así como por el inmovilismo innovador de sus dirigentes. Si a este marco desfavorable le añadimos el hartazgo de sus profesionales ya pueden dar por seguro que no se lograrán encontrar las soluciones que necesita cada día con mayor urgencia.
