Queremos servicios públicos que calidad

La pandemia sanitaria nos ha permitido comprobar cuan vulnerable es el ser humano. No sólo hemos visto las orejas al lobo, sino que las vamos a sufrir durante una larga temporada. Una de las lecciones que hemos aprendido es la importancia de poder contar con un sistema de Estado de bienestar digno. Los servicios públicos, y en especial el sistema sanitario, han sido esenciales para luchar contra la Covid.

Ante una crisis tan profunda y tan repentina, suerte ha tenido España de ser miembro de la Unión Europea, que ha actuado con diligencia para evitar el hundimiento de la economía y el desastre social. La Comisión Europea suspendió temporalmente el Pacto de Estabilidad que obligaba a los países miembros a limitar el déficit y el endeudamiento, aprobó, entre otros, un plan de ayudas e inversiones de 750.000 millones de euros, y el BCE ofreció liquidez ilimitada.

Estas decisiones han permitido aliviar los efectos catastróficos sobre personas y empresas, y encarar mejor la crisis sanitaria y económica. Los subsidios de paro, los ERTE, o las ayudas a empresas y autónomos, se han podido pagar gracias a que el BCE ha financiado todo lo que el gobierno le ha pedido. Aunque mayormente son préstamos que algún día se tendrán que devolver.

La crisis sanitaria también ha puesto en evidencia los recortes que desde la última crisis de 2008 han sufrido los servicios públicos. En el año 2010 el gasto de la Unión Europea (UE) en este ámbito fue del 50,5% del PIB, mientras que en 2018 se redujo al 46,7%. En este año la distribución del gasto para los servicios públicos más destacados fue: para protección social, que incluye pensiones, desempleo, incapacidad, vivienda o familia, el 19,2% del PIB; área de salud, 7,0%; servicios públicos generales, 6,0%; educación, 4,6%. A efectos comparativos respecto a la UE, en 2018 España destinó el 41,8% del PIB; 4,9 puntos de PIB por debajo. Unos 50.000 millones de euros.

En Catalunya, ya antes de la pandemia, el empeoramiento de los servicios públicos por los recortes, a pesar de la vocación y el esfuerzo de los profesionales, era motivo de quejas de los ciudadanos. En la etapa postcovid se corre el riesgo de que la situación de los servicios públicos se agrave más, si no se destinan más recursos.

Catalunya genera los recursos para afrontar estos problemas, pero en buena parte no dispone de ellos. La diferencia entre los impuestos que los catalanes pagan al Estado y los recursos que este transfiere en Catalunya genera un permanente infrafinanciación de los servicios públicos. Si se tiene en cuenta el nivel de precios, los recursos por ciudadano de los que dispone la Generalitat son los más bajos de todas las comunidades, excepto la comunidad de Madrid, la que goza del beneficio de la hipercapitalidad.

Dada esta situación, varios economistas han creado el colectivo Economistas para el Bienestar para analizar cómo se pueden mejorar los servicios públicos en Catalunya, y en especial han analizado la situación de la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, los trenes de cercanías y las pensiones. Se ha profundizado en las quejas de los ciudadanos, las carencias de los servicios, se han identificado propuestas de mejora y se ha estimado cuáles serían los recursos económicos necesarios para llevarlas a la práctica. La conclusión es que Catalunya necesitaría unos 9.000 millones de euros para resolver los problemas actuales y ponerse a un nivel más cercano a los países de la UE.

La mejora de los servicios públicos en Catalunya es de interés de todos, ya que la educación, la salud, la vivienda o la movilidad afectan a todas las familias. Ahora que ya han pasado las pasiones y las promesas electorales, por parte de la sociedad debería iniciarse, un debate sobre el funcionamiento de los servicios públicos, las mejoras a introducir y cómo conseguir los recursos necesarios.

Una fuente para obtener más recursos es que el Gobierno gradualmente vaya recortando la diferencia que tiene España con el nivel de gasto medio en los servicios públicos que tienen los países europeos. Seguro que del debate pueden salir, además, otras alternativas. El objetivo final de la política y de la economía es que la sociedad pueda mejorar el nivel de calidad de vida, hecho condicionado por la amplitud y la calidad de los servicios públicos de los que dispone.

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