El sector de la producción de documentales ha contemplado con estupor el caso de los ocho documentales dedicados al juicio por el referéndum del 1 de octubre de 2017 que Mediapro pretendía vender a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por 800.000 euros y que, finalmente, ha acabado colocándole pore por 440.000 euros. El documentalista Albert Solé ha publicado, este lunes 18 de enero, un artículo en el portal de la Federación de Productores Audiovisuales PROA donde califica de «cacicada» este caso. La Asociación de Productores de Documentales PRO-DOCS, que forma parte de PROA, ya difundió el 9 de noviembre un comunicado en el que se hablaba de este asunto como «un agravio comparativo insoportable».
La existencia de los documentales y la voluntad de venderlos a TV3 por 800.000 euros se conoció al conocerse una conversación telefónica entre Tatxo Benet, directivo de Mediapro, y David Madí. Madí, que fue la mano derecha de Artur Mas en la Presidencia de la Generalitat, está siendo investigado a raíz de la operación Volov, sobre blanqueo de capitales y financiación pública ilegal de los gastos ocasionados en el extranjero por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos vinculados al proceso independentista. El juez pidió que se pinchara el teléfono de Madí y la conversación entre él y Benet saltó a los medios de comunicación. En la conversación, Benet le contó a Madí que el director de TV3, Vicent Sanchis, estaba interesado en los documentales pero que le había dicho que «el problema es que no tengo dinero, no tengo presupuesto».
Según el directivo de Mediapro, Sanchis le sugirió que fuera a hablar con el vicepresidente y consejero catalán de Economía y Finanzas, Pere Aragonés. Con quién habló Benet fue con el secretario general del Departamento de Economía y Finanzas, Albert Castellanos. Le atendió muy bien, según comentó a Madí en la conversación telefónica interceptada, y se mostró dispuesto a encontrar una solución para conseguir los 800.000 euros que pretendía obtener Mediapro con esta operación. Finalmente, la CCMA ha encontrado 440.000 euros para comprar la serie de documentales, con el título de El judici, y así lo ha hecho constar en su portal de transparencia, a partir de un acuerdo formalizado el 23 de diciembre.
El artículo de Albert Solé, que está escrito con un estilo irónico, se titula «Camarero, 8 documentales y una de patatas, por favor». El texto dice:
«Tengo el argumento de una buena sit-com: sentados en el bar, los clientes, (ponemos que se llaman Jaume y Tatxo) levantan la mano, el camarero (pongámosle Vicent) está un poco reticente porque estos habituales del lugar le suelen hacer bailar el presupuesto y la supuesta neutralidad a la que lo obligan los estatutos y el libro de estilo del bar.
Así que cuando los clientes le proponen 8 documentales ya acabados, casualmente con una línea muy procesista y que, por supuesto, no han pasado por ningún comité profesional de evaluación, el camarero encoge la nariz: ¿800.000 euros? “Hombre, no los tengo en estos momentos de penuria: mi presupuesto del 2020 para documentales no llega a los 400 y lo tengo que repartir entre 51 documentales”.
Llegados a este punto (inicio del segundo acto), los pobres clientes parecen preocupados: el bar siempre se lo ha comprado todo y a cualquier precio. ¿Cómo es posible esta injusticia, y más “ahora que se acercan elecciones”? Pero son hombres de recursos: llaman a un buen amigo (pongámosle Madí) que no trabaja en el bar pero actúa como si fuera el amo. “Tranquilos, que yo esto lo arreglo en un plis”.
Este acto acaba mal: las escuchas judiciales en el marco de la operación “Voloh” sacan a la luz las conversaciones telefónicas entre nuestros héroes, donde se hace patente que utilizan los medios públicos como si fueran su patio privado, lo cual parece enviar a pique la brillante operación.
Tercer acto: Afortunadamente, nuestros amigos y el camarero tienen soluciones para todo, solo había que dejar pasar unos días para que se esparciera el escándalo y la operación finalmente se acaba firmando, formalmente por la mitad, pero dichosamente el dinero ha aparecido en algún fondo de los cajones de la casa. Son cantidades y maneras de actuar que dejan el sector con un sentimiento de desolación y vergüenza por el agravio comparativo, sobre todo cuando la cadena habitualmente está ofreciendo 2.000 euros por derechos de antena de producciones parecidas, eso sí, que no vienen de los “amiguitos del alma”.
¿Y las patatas? Pues para los productores independientes, total, si ya se han tragado casos flagrantes como el de Triacom sin abrir la boca, esta nueva cacicada se la comerán igual, no sufrir”.
Triacom era una productora audiovisual, que recibía encargos con presupuestos muy elevados para hacer programas en TV3, y que está siendo investigada por la supuesta desviación de 750.000 euros al partido Convergència Democràtica de Catalunya, impulsado por Jordi Pujol y predecesor del actual JxCAT de Carles Puigdemont, mediante facturas falsas pagadas por la televisión pública.
