El contencioso entre la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) y Mediapro ha subido un escalón después de que un juzgado mercantil haya autorizado la confiscación de activos de la productora que dirigen Jaume Roures y Tatxo Benet. La LFP pidió confiscar ingresos de Mediapro después de que esta empresa se negara a pagar los 172 millones de euros que se había comprometido a abonar el 5 de octubre, como segundo plazo de los 780 millones que tiene que liquidar por encargarse de la gestión de los derechos televisivos de las competiciones de primera y segunda división de fútbol en Francia.
Mediapro justificó su decisión apelando a la pérdida de ingresos que ha sufrido a raíz de la pandemia de la Covid-19, sobre todo porque los restaurantes donde se transmiten los partidos están cerrados o tienen muy poca afluencia y la publicidad se ha hundido. Pidió que se renegociara a la baja esta cantidad y llevó el caso al Tribunal de Comercio de Nanterre. Ahora, este tribunal ha autorizado que le confisquen los ingresos que había obtenido por las suscripciones en el canal de televisión que creó para la transmisión de los partidos de los que había obtenido los derechos, Téléfoot. Además, los nuevos subscriptores tendrán que entregar el dinero directamente a la LFP y no a Mediapro.
El dinero que pueda obtener la LFP confiscando las cantidades pagadas por los subscriptores queda muy lejos de los 172 millones que le debe de Mediapro pero dejan clara la firme decisión de los dirigentes del fútbol francés de torcer el brazo de la productora en esta negociación. Su voluntad es recuperar los derechos televisivos concedidos a Mediapro y entregarlos a otros operadores –probablemente Canal+– pero por una cantidad muy inferior a los 780 millones que se comprometió a pagar la empresa dirigida por Roures y Benet.
