El juez andorrano Manel Santolària ha dictado este lunes un auto en la que admite a trámite la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) contra el expresidente español Mariano Rajoy, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el extitular de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez.
La resolución responde a una ampliación de la querella que la entidad interpuso en julio del 2019 contra cuatro policías españoles en un juzgado de Andorra por presunta extorsión a la Banca Privada de Andorra (BPA).
Les acusan de haber ordenado presionar con la amenaza de cierre a los responsables del banco para conseguir información sobre cuentas bancarias andorranas de Artur Mas, Oriol Junqueras y Pujol Según estas dos entidades, que ejercen la acusación popular, el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo admitió el pasado mes de marzo que esta maniobra, que enmarcan en la llamada Operación Cataluña, fue ordenada por los dirigentes políticos del ministerio, encabezados por el propio Fernández Díaz.
Derechos y el IDHA presentaron a principios de 2017 una querella contra cuatro miembros de la Policía Nacional española por delitos de amenazas, coacciones, chantaje y extorsión a ciudadanos andorranos para conseguir las cuentas de los políticos independentistas. En el marco de la investigación, Villarejo declaró por comisión rogatoria el 19 de marzo de 2019 desde la prisión de Estremera.
Villarejo reconoció que el gobierno español le ordenó remitir información al Departamento del Tesoro norteamericano con el objetivo que desde los EE.UU. se solicitara el cierre del Banco Madrid, propiedad de la Banca Privada de Andorra (BPA), de los hermanos Higini y Ramón Cierco, en el supuesto de que Higini Cierco y el consejero delegado de BPA y Banco Madrid, Joan Pau Miquel, no facilitaran información bancaria de los políticos independentistas.
Para la acusación particular, el testimonio del excomisario Villarejo, sobre lo que se ha acabado denominando Operación Cataluña, ha acreditado que la actuación policial objeto de esta investigación tenía también sus responsables políticos, por lo que se ha solicitado que se añadan a la relación de querellados, por los delitos de amenazas, coacciones, extorsión y chantaje, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, y el exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó.
Asimismo, entienden que hay suficientes evidencias para confirmar que la intervención del FinCEN (Finanzas Crime Enforcement Network, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos), que fue decisiva para la intervención y liquidación de la BPA el 10 de marzo de 2015, se provocó a partir del envío por parte del gobierno español de información "falsa" sobre una "hipotética práctica de lavado de capitales" por parte de la entidad bancaria andorrana.
En este sentido, la querella se amplió por un delito de falsedad de documentos contra el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y sus exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, respectivamente.
Finalmente, esgrimiendo indicios de que la reunión de 8 de enero de 2015 de Rajoy y Montoro con el jefe del gobierno del Principado, Antoni Martí, acabó precipitando la intervención y liquidación de la BPA, dos meses más tarde, la ampliación de la querella también solicita que el expresidente y el exministro de Hacienda españoles sean investigados por un delito de coacciones de órganos constitucionales, por ser los supuestos autores y ejecutores personales y directos, castigado en el código penal andorrano con hasta diez años de prisión.
El IDHA y la plataforma Drets consideran que la actuación del gobierno español para tratar de conseguir los datos bancarios de los políticos independentistas catalanes, que recuerdan que nunca han aparecido, es un "ataque en toda regla" a la soberanía andorrana. Entienden que Rajoy, cuando visitó Andorra para reunirse con el gobierno del Principado, lo hizo como presidente del gobierno español y no como jefe de Estado -figurada reservada al Rey de España, según la Constitución Española-, con lo que "no está protegido por la inmunidad" prevista en el artículo 8 del Código Penal andorrano. Del mismo modo, tampoco lo están sus ministros y el resto de cargos políticos implicados.
En el caso de que los querellados sean condenados por los delitos por los que se amplía la querella, añaden, el Estado español, de manera subsidiaria, se tendrá que hacer cargo de los daños y perjuicios materiales y morales que hayan sufrido las víctimas de estos delitos. Es decir, los ciudadanos andorranos Higini Cierco y Joan Pau Miquel, la BPA como entidad, y las instituciones andorranas -en este caso, el gobierno-, además de los políticos independentistas catalanes.
