El Gobierno se ha reunido este anochecer de forma extraordinaria para aprobar el decreto ley que tiene que servir para sortear el veto al confinamiento domiciliario ordenado en Lleida y siete municipios más del Segrià, tumbado por la juez de guardia ya de madrugada a instancia de la Fiscalía.
En concreto, el texto que ha validado el consejo ejecutivo es una modificación de la ley de salud pública del 2018, en la cual se introduce un nuevo apartado que faculta la autoridad sanitaria para que en situaciones de pandemia la Generalitat -como autoridad competente- pueda adoptar "medidas de limitación en la actividad, el desplazamiento de personas y la prestación de servicios" en determinados ámbitos territoriales.
Este cambio legal es el que tiene que permitir, a partir de este martes, establecer la resolución específica sobre el caso de Lleida y siete municipios más del Segrià. Hasta que no se publique el retoque de la ley de salud pública, pero, no se podrán citar resoluciones sobre Lleida, donde ya existe transmisión comunitaria.
El recorrido de las medidas no será fácil, la Fiscalía de Lleida ya ha advertido que supone incurrir en una "ilegalidad". El ministerio público hace referencia, en concreto, al artículo 86 de la Constitución y al artículo 64 del Estatuto, que recogen que no se pueden regular por decreto ley los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Hoy, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, respondía con contundencia: "No estamos de acuerdo con la decisión judicial y no lo aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven".
