El consejero de Interior, Miquel Buch, ha anunciado este martes un incremento de la presión policial para impedir que los ciudadanos catalanes viajen a sus segundas residencias para pasar el fin de semana. La medidas se ha presentado este martes en una rueda de prensa después de que el Hospital de la Cerdanya, ubicado en Puigcerdá, denunciara que un 20% de los pacientes que ha atendido por coronavirus son de fuera de esta comarca.
Buch, que se ha mostrado indignado por el que ha descrito como "un acto de insolidaridad absoluta, más que reprobable, porque pone en riesgo este bien tan preciado cómo es la salud de cada cual de nosotros", ha anunciado que ha pedido a los Mossos d'Esquadra que intensifiquen los controles y la presión sobre las personas que rompen el confinamiento para que puedan ser sancionados. Así mismo, ha explicado que ha instado a los municipios catalanes a trabajar con la Generalitat para denunciar estas actitudes.
El subdirector de Protección Civil, Sergio Delgado, explicó entonces el 20 de marzo que los infractores podrían llegar a recibir sanciones de hasta 30.000 euros. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió entonces la imposición de las multas "más altas" contra las personas que eluden las instrucciones de confinamiento y marchan a la segunda residencia mientras se lucha contra la expansión del coronavirus.
