La justicia andorrana deja pudrir durante 12 años el sumario de la estafa de Valora

Una damnificada catalana presenta un recurso de amparo al Tribunal Constitucional en que denuncia la inactividad de la Batllia
La entidad Andbank era la depositaria del dinero que recaudaba Valora.

Desde hace más de 12 años, la Batllia (juzgados) de Andorra mantiene abierto un sumario por la estafa de la gestora de inversiones Valora, que presentó quiebra voluntaria el 2 de enero del año 2007. Esta entidad provocó un agujero de 22 millones de euros debido a una alocada estrategia de inversiones en derivados y futuros y dejó en la estacada a sus 400 clientes, en buena parte ciudadanos catalanes.

Cómo puso de manifiesto la auditoría realizada por el perito judicial Philippe Riu, en Valora no había ningún tipo de control preventivo contra el blanqueo de dinero. Esto hizo que se convirtiera, de hecho, en una lavadora de dinero negro y que muchos de los clientes afectados por la estafa hayan aceptado, incordiados pero resignados, la liquidación que hicieron los administradores concursales.

Pero una de las personas damnificadas, la clienta número 1.289, invirtió a Valora los ahorros, perfectamente legales y declarados, de su vida laboral en el extranjero y no ha querido aceptar esta monumental tomadura de pelo. Desde hace años, ha emprendido una dura batalla a los tribunales andorranos para intentar recuperar el dinero que, sin su conocimiento ni autorización, dilapidaron los responsables de Valora.

Andorra es un país pequeño donde hay determinados intereses que son intocables y, en este sentido, la justicia es también un cachondeo. El sumario del caso Valora, que ocupa 24.455 folios, ha pasado por las manos de seis alcaldes (jueces) diferentes. Las últimas diligencias datan del 26 de junio del año 2017 –hace 27 meses– y no hay fecha fijada para su conclusión ni para la apertura del juicio oral contra el único imputado, Xavier Felipó, expresidente y consejero delegado de Valora, que además es insolvente.

La clienta número 1.289 está escandalizada e indignada con el pésimo funcionamiento de la justicia andorrana. Ahora acaba de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional donde denuncia que, en su caso, se produce una gravísima vulneración del "derecho a un juicio de duración razonable" que recoge el artículo 10 de la Carta Magna andorrana.

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