La trampa del derecho a decidir

En la Declaración de Independencia firmada en el Parlamento de Catalunya el 17 de octubre de 2017, en los párrafos tercero y segundo se dice: "La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia"; "La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana”.

Es decir, la nación como sujeto soberano se fundamenta en los vínculos ancestrales de la historia, y en la etnicidad premoderna basada en la cultura y la lengua.

Esta idea de nación, que bebe de las fuentes del perennalismo etnicista, forma parte del ideario independentista y del actual presidente de la Generalitat: "El proyecto de independencia de Catalunya, ha supuesto un paso colosal en la recuperación de nuestra identidad, nuestra verdad y nuestra cultura y, además, de nuestro orgullo. Todo esto ha sido posible con el hundimiento de la cultura provinciana barcelocéntrica. (Els últims 100 metres. Pág.76)

Los que así piensan, consideran ineludible la disolución del individuo en su comunidad de pertenencia, con la que comparten identidad y fuertes lazos emocionales. Lo importante es lo que se siente, la realidad y la razón ocupan un lugar menor. La identidad así entendida, es un concepto de cierre y de delimitación entre un "nosotros" y un "ellos". En este caso el nosotros son los catalanes y el ellos los españoles. Dentro de Catalunya, ellos somos los botiflers.

Para el nacionalismo es la historia y esta supuesta comunidad existencial, la que le otorga su derecho a autodeterminarse. Sin embargo, este derecho, tal como es entendido por Naciones Unidas, hace referencia a los pueblos sometidos a la dominación colonial u ocupación extranjera, casuísticas, ambas, ajenas a la realidad de Catalunya.

Los términos derecho de autodeterminación y derecho a decidir no son lo mismo. El independentismo utiliza el segundo como instrumento para "ensanchar su base" y dar prestigio democrático a su reivindicación. En esta tarea, encuentra como aliado inestimable, a una izquierda que ha soñado el proceso como un movimiento de radicalidad democrática propiciador del proceso constituyente de una idealizada República Catalana. Y digo "soñado", porque no hay ninguna base para afirmar, que el derecho a decidir la independencia mediante un referéndum, pueda servir para resolver democráticamente los conflictos identitarios de una sociedad dividida, ni tampoco para garantizar sus reivindicaciones de carácter social.

Para el nacionalismo, llevar hasta las últimas consecuencias este supuesto derecho a decidir, es bastante problemático. Como plantea Jaume López, uno de sus máximos referentes, cualquier comunidad política que disponga de una cohesión y una voluntad colectiva suficientemente sólidas, puede reclamar este derecho. Cuando un periodista, en rueda de prensa, preguntó a Quim Torra cuál sería su posición si una parte de los ciudadanos de un territorio delimitado de Catalunya, ejerciendo su derecho democrático a decidir, decidiese mantenerse dentro de España, el muy honorable recuperó rápidamente el derecho de autodeterminación en los términos propios de la nación histórica. La radicalidad democrática se evaporó y el sujeto soberano dejó de ser el ciudadano y volvió a ser la nación histórica.

Hay otra izquierda, la que considera que se debe abordar el conflicto con un enfoque propio y diferenciado del nacionalismo. Un enfoque que reconozca y defienda el derecho a la diferencia cultural y lingüística, sin que la preservación de estas especificidades identitarias, se conviertan en un valor absoluto. Esta izquierda que, desde el humanismo ilustrado o socialista ha venido a considerarse cosmopolita o internacionalista, tiene sus raíces en valores universales que alimentan el compromiso moral con los demás seres humanos, considerados como iguales más allá de las lealtades de grupo o de las barreras nacionales.

Sus propuestas son inclusivas y abordan el conflicto mediante el diálogo y la negociación, respetando la legalidad, incluso para cambiarla, con la convicción de que las mayorías, sean estatales o autonómicas, no tienen derecho a ignorar las pretensiones de las minorías ni a laminar sus derechos.

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