El obispado de Terrassa investiga un cura por posible abuso sexual

En un comunicado, revela que los hechos habrían pasado en los años 70 y pide perdón a la víctima
Edificio obispado Terrassa

El obispado de Terrassa ha abierto una investigación sobre la acusación de abuso sexual que habría cometido uno de sus curas cuando ejercía a Beauvais, cerca de París, entre el 1974 y el 1977. El religioso investigado, Esteve Sanz Pérez, que trabajaba a la diócesis de Terrassa desde el 2004, se jubiló el año pasado. Ahora tiene 81 años.

En un comunicado, el obispado explica que ha empezado a recoger datos sobre la acusación a uno de sus curas "por un presunto delito contra el sexto mandamiento".

En el escrito se pide, "de entrada", perdón a la víctima y se condena estos delitos, "particularmente", dice, cuando los hace "un clérigo".

La diligencia terrassenca contrasta con la actitud barcelonesa, donde un exfiscal de la Archidiócesis de Barcelona acusaba los cardenales Narciso Jubany, Ricard Maria Carles y Martínez Sistach de complicidad para silenciar una red de abusos sexuales a menores que extiende sus tentáculos de Barcelona en África. También vinculan en el encubrimiento al actual arzobispo de Urgell y copríncep de Andorra, Joan-Enric Vives.

Este mismo lunes, el papa Francesc ha calificado de "crímenes viles" los abusos sexuales a menores. En un discurso en el Vaticano ante el cuerpo diplomático, en el cual también ha lamentado la violencia contra las mujeres, el pontífice ha definido los abusos a menores -en muchos casos, ha admitido, cometidos por clérigos- como "una de las plagas de nuestros tiempos".

El papa ha añadido que la Iglesia está trabajando para combatir y prevenir estos crímenes y su ocultación. Se trata, ha dicho, de hacer justicia a los niños que han sufrido este tipo de violencia sexual, agravada por el abuso de poder y de conciencia.

Precisamente, este lunes en Francia empiezan a juzgar el arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, acusado de silenciar casos de pederastia. Es el religioso de más rango a quien sientan al banquillo de los acusados. Podrían condenarlo a hasta cinco años de prisión por haber ignorado y no haber denunciado los abusos que un cura cometió contra jóvenes de la región hasta el 1991, a pesar de los diversos avisos que recibió.

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