El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido querellarse contra el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra la presidenta en funciones del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por los delitos de rebelión, sedición y malversación, entre otros.
La querella se presenta simultáneamente tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. El fiscal general del Estado considera que tanto Puigdemont como Forcadell han incurrido en el delito de rebelión por haber conducido el proceso que desembocó en la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes.
El ministerio público se plantea que en el alto tribunal se denuncie a los responsables de la declaración que todavía disfrutan de aforo, como son los miembros de Mesa del Parlamento catalán, encabezados por Carme Forcadell, que dieron trámite a la votación de la independencia.
Se da la circunstancia que una vez disuelta la Cámara catalana por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, varios miembros de la Mesa forman parte de la Diputación Permanente, y por lo tanto, continúan siendo aforados. Con Forcadell, votaron a favor de tramitar la resolución el vicepresidente de la Cámara, Lluís Guinó, la secretaria primera, Anna Simó, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, los cuatro del grupo parlamentario de Junts pel Sí.
El secretario tercero, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que Es Pot, votó en contra de la tramitación aunque participó en el recuento de los votos que sirvieron para aprobar la resolución que instaba el Gobierno catalán a poner en marcha la pretendida república catalana. Nuet no pertenece a la Diputación Permanente, por lo cual ya no es aforado.
En la Audiencia Nacional, tribunal competente para investigar y enjuiciar los delitos de rebelión en el caso de personas no aforadas, se juzgarían el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresident catalán, Oriol Junqueras, y el resto de miembros del Gobierno catalán destituidos por la vía del artículo 155.
El delito de rebelión está recogido en el artículo 472 y siguientes del Código Penal y castiga con hasta 30 años de prisión a los que se levanten «violenta y públicamente» para «derogar, suspender o modificar totalmente o parcialmente la Constitución» o «declarar la independencia de una parte del territorio nacional».
