La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado «actuaciones previas de investigación» para esclarecer si en la creación del censo del referéndum del 1-O, cuya convocatoria ha suspendido el Tribunal Constitucional, se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales.
En el marco de esta investigación, puesta en marcha a partir de la denuncia de un ciudadano, ha solicitado información a varios organismos sobre el acceso a las respectivas bases de datos por parte de la Generalitat de Cataluña y de ayuntamientos catalanes. En concreto, enfoca sus indagaciones en los datos de la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística.
La AEPD ha remitido la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), competente para investigar las posibles infracciones sobre ficheros creados o gestionados por organismos públicos de Cataluña. En su nota de prensa, la AEPD destaca que ha adjuntado en esta comunicación con la APDCAT un informe sobre la falta de base legal para el uso de determinadas datos con el objetivo de crear un censo electoral.
