Los ayuntamientos catalanes que estén dispuestos a ceder los datos del padrón municipal para la celebración del referéndum independentista previsto para el 1 de octubre pueden ser sancionados con multas de hasta 600.000 euros.
Esta es la cantidad contemplada, como sanción, por una infracción muy grave regulada en las leyes de régimen local y de Protección de Datos.
El hecho de utilizar el padrón municipal como censo de votantes para la celebración de un referéndum que vulnera la Constitución, chocaría con el artículo 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Este artículo dice que los datos del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado «sólo cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los cuales la residencia o el domicilio sean datos relevantes».
El hecho de dar los datos del padrón para el referéndum también incumpliría el artículo 21 de la Ley de Protección de datos de carácter personal que contempla que esta información no puede ser comunicada a otras administraciones para el ejercicio de competencias diferentes de las que le confiere la ley.
Según avanza El Mundo, los equipos jurídicos del Estado recuerdan que la Constitución restringe estrictamente la competencia de celebrar o autorizar referéndums que trasciendan el ámbito de los asuntos puramente locales al Gobierno de la nación.
Estas mismas fuentes avisan que el ordenamiento jurídico español en relación con las obligaciones y responsabilidades de las administraciones públicas «tiene largos tentáculos» que no dejan vacíos que posibiliten saltarse la ley.
Junqueras y Romeva comprarán las urnas
Por otro lado, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, y el consejero de Exteriores, Raül Romeva, asumirán la compra de las urnas para el referéndum del 1 de octubre, sacándole esta responsabilidad a la consejera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, investigada por la convocatoria pública para la compra de urnas.
Aún así, El País avanza que el vicepresidente Junqueras, quiere que sean todos los consejeros del ejecutivo de Carles Puigdemont quienes se comprometan a asumir las responsabilidades jurídicas y judicial que puedan surgir por la organización del referéndum independentista.
Según ha trascendido, el presidente de la Generalitat está planteando un reajuste de competencias de los miembros de su ejecutivo, con el objetivo de «concentrar» todas las funciones vinculadas en la consulta en un solo consejero.
