El Gobierno de Mariano Rajoy lanza una nueva amenaza contra el referéndum independentista. Esta vez fuentes del ejecutivo central aseguran que las empresas que vendieran las urnas para la consulta no las cobrarían.
El Estado afirma que no sólo no cobrarían las urnas, sino que las empresas que las facilitaran podrían tenerse que enfrentar a responsabilidades legales.
Fuentes del ejecutivo central recuerdan que las partidas de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña destinadas a este gasto están suspendidas por el Tribunal Constitucional.
De este modo, desde el Gobierno del Estado se intenta impedir la compra directa de urnas por parte del Gobierno de Carles Puigdemont, después de que el ejecutivo catalán declarara desierto el concurso para su compra.
Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho este miércoles que está convencido que será el Tribunal Constitucional quien declare ilegal el referéndum independentista previsto para el 1 de octubre.
Así ha contestado el ministro Zoido a la pregunta de si la Ley de Seguridad Nacional se usaría para parar el consulta. Esta ley permite declarar, mediante un real decreto, una «situación de interés para la seguridad nacional» que tiene como objetivo «proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos».
Zoido ha dicho que «el referéndum se frena porque es un referéndum unilateral e ilegal y así confío que sea declarado por el tribunal competente, no por la ley».
