El empresario Javier Pérez Dolset ha sido detenido en el marco de la operación Hanta, desplegada este jueves por la Audiencia Nacional y la UDEF contra una presunta trama de fraude con ayudas públicas.
Se trata de una actuación iniciada a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que había investigado la insolvencia y las supuestas irregularidades del grupo tecnológico Zed, liderado hasta hace poco por Pérez Dolset. Se investigan delitos de fraude en subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de influencias presuntamente cometidos entre las postrimerías de la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el primer mandato de Mariano Rajoy.
Entre los imputados destaca Mauricio Casals, hombre fuerte de Planeta y presidente del diario La Razón, así como vicepresidente de Atresmedia, que fue imputado este año por la presunta comisión de un delito de coacciones (contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes) y obstrucción a la Justicia, y fue desimputado después de declarar, al igual que el director del diario, Paco Marhuenda.
En este caso, que nuevamente pone de manifiesto las conexiones de Casals al más alto nivel, la Fiscalía sospecha que este ejecutivo cometió un delito de tráfico de influencias empleando contactos suyos en el Gobierno español, sobre todo en el Ministerio de Industria, para favorecer a Pérez Dolset, detenido por insolvencia punible, mediante el otorgamiento de subvenciones y préstamos públicos. Este dinero era desviado a otras empresas y, según fuentes de la investigación referidas por El País, más de dos millones de euros fueron a parar a La Razón en forma de acuerdos fraudulentos de publicidad y colaboración.
Fuentes del caso citadas por Vozpópuli cifran el importe del fraude en 67 millones de euros. El mismo diario explica que agentes de la UDEF han visitado la sede de La Razón para obtener información del despacho de Casals.
El caso tiene, incluso, una ramificación rusa: se investigan supuestos pagos de sobornos a personas del entorno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en concreto al hijo de uno de sus ministros. Los investigadores, según fuentes del caso, han contado con el apoyo de la Comisión de Bolsa y Valores de los EEUU (SEC) y del FBI.
