El alcalde de Mataró (Barcelona), el socialista David Bote, ha hecho una declaración firmada que ha enviado al secretario del ayuntamiento en la que «deplora» la implicación de su tío en la construcción de un macroprostíbulo en la ciudad. El tío de Bote tiene intereses económicos en la construcción del local de prostitución desde 2010, un hecho que el alcalde de la ciudad dice que «no lo comparto».
De hecho, el alcalde Bote afirma que seguirá luchando contra los prostíbulos «como ciudadano y como alcalde» a partir de sus «principios morales y políticos». En la declaración, Bote dice que está «en contra de la prostitución» y afirma que trabajará «hasta donde permita la ley» para mantener el veto a los macroprostíbuls.
Bote se desmarca de los negocios de su tío diciendo que «no conozco el alcance de su implicación. Son sus intereses particulares, a mí no me afectan, los deploro y no los comparto«. El alcalde recuerda que «durante la campaña electoral expresé mi voluntad y vocación de gobernar y de hacer política a partir de mis principios y valores».
Bote añade que «lo digo muy alto y muy claro: ni tíos, ni amigos, ni familiares, no me dejo comprar, no me dejo influir. Como alcalde la familia que más me importa es la ciudadanía de Mataró y es a vosotros a quien defenderé. Que nadie dude que haré todo el que esté en mis manos para defender los intereses municipales y de los y las ciudadanas de Mataró. Hay negocios y negociantes que no son bienvenidos en nuestra ciudad».
En este sentido, el alcalde de Mataró asegura que la implicación de su tío en la construcción del macroprostíbulo no afectará su compromiso para enfrentarse a la instalación de dos grandes burdeles al polígono Les Hortes de la ciudad.
El alcalde de Mataró ha hecho esta declaración escrita después de que a finales de mayo una sentencia del Tribunal Supremo anulaba dos artículos del ordenanza municipal que dificultaban la instalación de dos burdeles de grandes dimensiones en la ciudad. El Ayuntamiento ya trabaja en la redacción de un nuevo planeamiento para intentar mantener la capacidad de veto.
El caso empezó el 2010, cuando el empresario Josep Maria Colomer Limpiadera pidió la licencia para la construcción de un complejo de 2.000 metros cuadrados y unas 80 habitaciones al polígono Les Hortes del Camí real de la capital del Maresme.
El Ayuntamiento aprobó una ordenanza, ahora anulada por el Supremo, que establecía un límite máximo de 500 metros cuadrados para la actividad principal y limitaba el espacio destinado a las habitaciones al 10% de la superficie total.
